26-09-13.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, por 396 votos a favor, un proyecto de decreto para fijar en las leyes mexicanas la libertad de constituir grupos u otras organizaciones que garanticen los derechos de los consumidores.

Dicha reforma, remitida al Ejecutivo, contempla adicionar al artículo 1 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), la fracción XI, a efecto de hacer cumplir lo referido.

En la fundamentación del dictamen, el diputado Noé Hernández González (PRI) sostuvo que en nuestro país la protección del consumidor es un asunto de mayor relevancia, ya que el consumo es parte inherente en las sociedades actuales.

Agregó que en tales agrupaciones, se debe ubicar al ciudadano como sujeto de derechos y deberes, pues es el destinatario de la cadena de producción de bienes y servicios; actualmente, el sector productivo destina esfuerzos y recursos económicos con el objetivo de atraer el consumo de lo que ofrecen.

“Esto ha sido objeto de una fuerte competencia entre las empresas que ofrecen bienes y servicios similares con el fin de obtener beneficios a su favor en relación con el número de consumidores y mejorar sus estados financieros”, apuntó.

Recordó que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 16 de abril de 1985 la Resolución 39/248, donde se establece “la libertad de constituir grupos u otras organizaciones de consumidores” como una de las directrices para la protección del consumidor.
Por ello, consideró que la reforma propuesta “tiene por objeto hacer efectivo este derecho que es internacionalmente reconocido”, ya que es fundamental la promoción del desarrollo económico, social, equitativo y sostenido en nuestro país, mediante directrices que protejan al ciudadano de los desequilibrios que frecuentemente se presentan en toda relación de consumidor.

Detalló que la modificación actualizará la LFPC, a la vez de que no se contrapondría a lo previsto en la fracción XVIII, del artículo 24 de dicha Ley, donde se faculta a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) a promover y apoyar la constitución de organizaciones de consumidores, proporcionándoles capacitación y asesoría, así como procurar mecanismos para su autogestión.

Agregó que esta adición a la LFPC también viene a respaldar lo propuesto en su artículo 31, donde se prevé que para la elaboración de sus planes y programas de trabajo, la PROFECO llevará a cabo consultas, entre otros, con organizaciones de consumidores.

Con las leyes ya existentes y la reforma propuesta “será posible que la sociedad cuente con mayores herramientas en torno a la obtención de información acerca de los productos que adquiere y los procedimientos existentes para la defensa de sus derechos, en el caso de que éstos no sean respetados”.

Al concluir sus fundamentos, Hernández González invitó a sus colegisladores a establecer las garantías necesarias para que la ciudadanía participe en el desarrollo económico del país, “con la certeza plena de que los bienes y servicios que adquieren para su consumo cotidiano cuenten con los más altos estándares de seguridad, calidad y justo valor económico”.

En la manifestación de posicionamientos, la diputada María Sanjuana Cerda Franco (Nueva Alianza), precisó que la asociación de consumidores es una práctica que data desde hace más de 38 años, con el antecedente de la fundación de la Asociación Mexicana de Estudios para la Defensa del Consumidor, AC.

Sostuvo que con el reconocimiento de esta reforma de ley, podrán seguir sirviendo a la sociedad mexicana las más de 2 mil 800 agrupaciones de consumidores, así como los 845 grupos de pequeños consumidores registrados por la PROFECO hasta el año 2012.

Por parte del PT, la diputada Lilia Aguilar Gil consideró que instituciones como la Profeco resultan insuficientes, frente a los abusos de comercios o pseudocomercios que abusan de los ciudadanos mexicanos, ante lo cual la organización de la sociedad civil fortalece la actividad de los organismos.

Afirmó que los grupos de ciudadanos interesados no solamente irán a quejarse de los constantes abusos que sufren como consumidores, sino que tendrán una labor social, educativa y de formación, cuya trascendencia debe interesar a la Cámara de Diputados.

En su turno frente a la tribuna, la diputada por Movimiento Ciudadano, Lorena Méndez Denis, advirtió que México se caracteriza por la prevalencia de “monopolios que se valen de costos artificiales para imponer tarifas excesivas a los ciudadanos”. Por ello, la creación de organizaciones que luchen por condiciones equitativas de mercado “no solo es deseable, sino urgente”.

En adición a los posicionamientos de esta fracción parlamentaria, Ricardo Mejía Berdeja señaló que esta iniciativa dignifica al Poder Legislativo, pues significa estar del lado de los ciudadanos, que muchas veces sufren prácticas desleales de comercio, y que cuando recurren a PROFECO no son tomados en cuenta.

El diputado Rubén Acosta Montoya, a nombre del PVEM, señaló que esta nueva reforma pone a los consumidores en una igualdad de circunstancias frente a las personas que también les venden esos productos o servicios, en lo que es hoy un libre mercado en el que deberíamos tener, todos, una igualdad de circunstancias.

Por otra parte, coincidió en que la propuesta no sólo retoma lo que ya estaba reconocido como derecho internacional, sino que clarifica y refuerza las normas jurídicas mexicanas en materia de protección al consumidor.

Durante el posicionamiento del PRD, Mario Rafael Méndez Martínez aseguró que esta adición representa un avance en la materia que permite garantizar los derechos de información que tienen los consumidores, el cual es necesario frente a la dinámica de mercado donde todos somos consumidores y debemos desarrollar un consumo inteligente.

“La soberanía del consumidor es la libertad y el poder que disfrutan en un mercado libre, para decidir cuáles bienes se adquieren y determinar la calidad y la cantidad de bienes y servicios que producen las empresas”, aseveró.

El diputado Juan Carlos Uribe Padilla, del grupo parlamentario del PAN, precisó que la protección y defensa de los derechos del consumidor han evolucionado conforme a la actividad mercantil que se ha hecho más dinámica y también más compleja, lo que ha derivado en acciones civiles por la responsabilidad objetiva y la creación de instituciones especializadas en la protección a los consumidores.

Tal evolución, agregó, “ha sido obligada, dado que en muchas ocasiones era incosteable efectuar un juicio por un producto defectuoso, aunado a que se deben considerar los intereses difusos de un grupo, como son los consumidores, y sus relaciones desiguales con las grandes corporaciones proveedoras de bienes y servicios”.

En coincidencia con varios de sus antecesores, el diputado Samuel Gurrión Matías, del PRI, dijo que con la reforma puesta a consideración de la Cámara de Diputados, no sólo se cumple con la obligación de reglamentar un derecho constitucional, sino que se hace un ejercicio de armonización ya necesario en el país.

Asimismo, expresó que su fracción parlamentaria considera que “la organización social contribuye a la organización de una ciudadanía activa” requisito indispensable para fortalecer un régimen democrático en el que las personas se vean a sí mismas como sujetos de derechos y obligaciones, y no como súbditos sujetos a la veleidad de sus gobernantes.

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