Para evitar el desgaste y la falta de legitimidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando sus resoluciones sean polémicas, como se espera ocurra en el caso de la controversia constitucional a propósito del Presupuesto de Egresos, el grupo parlamentario del PRD propondrá la creación del Tribunal Constitucional como órgano autónomo encargado de dirimir los conflictos que se presenten entre los poderes.

Iván García Solís, presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, explicó que la Corte misma es parte de uno de los tres poderes de la Unión, del Judicial, y que en ese sentido cuando se presenta una controversia constitucional que le atañe, como es el asunto presupuestal, ésta se involucra en un conflicto de intereses, toda vez que no puede ser juez y parte de un asunto.

Comentó que en el diferendo sobre el presupuesto, el Poder Judicial y la Corte son parte de los afectados, ya que esta última solicitó un aumento de recursos, mismo que le fue negado, "lo cual la coloca en la necesidad de actuar no con base en una interpretación recta e imparcial de la Constitución, sino en función de una respuesta ante sus intereses afectados por la decisión de uno de los poderes".

La iniciativa de reforma constitucional, que será presentada ante la Comisión Permanente, plantea que a la Corte se le quitará la facultad de resolver las controversias constitucionales que se susciten entre los poderes, para lo cual se creará el Tribunal Constitucional como órgano especial encargado exclusivamente de esos diferendos, que no dependan de ningún poder y que tengan asignada una partida fija y suficiente en el Presupuesto.

El diputado García Solís comentó que los tribunales constitucionales operan eficientemente en España, Italia, Alemania, Holanda, en los países Bajos, y en algunos países de América Latina como Uruguay y Costa Rica.

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