El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo para exigir el cese del titular de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública, Carlos Tornero Díaz, por el asesinato del hermano del narcotraficante el Chapo Guzmán, Arturo Guzmán Loera, ocurrido el viernes pasado en el penal de máxima seguridad de La Palma.

Presentado por la diputada perredista Lizbeth Rosas Quintero, el punto de acuerdo también establece que el Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, finque responsabilidades penales a partir de las investigaciones correspondientes; la comparecencia del Secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, ante la Comisión respectiva de la Cámara de Diputados; la revisión y depuración del personal de dicha Secretaría por parte del titular del Ejecutivo, así como una inspección de la Auditoría Superior de la Federación a todos los Ceferesos, incluyendo la revisión de la situación patrimonial de todo el personal administrativo y de custodia que labora ellos.

Es claro, aseguró Rosas Quintero, que el secretario de Seguridad Pública Federal ha carecido de capacidad y, por lo tanto, tiene responsabilidad al no tomar las medidas urgentes para detener la corrupción, la ineficiencia e inoperancia que prevalece dentro de los Ceferesos.

"Este asesinato ha venido a reiterar la inaceptable fragilidad e ineficiencia de la autoridad gubernamental en los reclusorios federales. A pesar de su carácter de 'alta seguridad', al Cefereso de La Palma en Almoloya, estado de México, siguen llegando armas de fuego. Desbordados, los funcionarios a cargo de la vigilancia en ese sitio han reconocido numerosas irregularidades", afirmó la diputada.

Es claro que el modelo de readaptación social es un fracaso, concluyó, y es urgente reformular dicho modelo para crear una política penitenciaria acorde a las necesidades de nuestro país y que cumpla el objetivo principal de readaptar a los internos de los Ceferesos; esta reformulación se debe realizar con la participación de todos los actores directamente involucrados, es decir, especialistas, académicos y autoridades.

Por su parte, el diputado Leonardo Álvarez Romo, integrante del grupo parlamentario del PVEM, resaltó que "los centros de readaptación social se han convertido en el centro de mando de diversos cárteles del país, dando como resultado un estado de violencia permanente. Esta crisis obedece a que en su interior impera la corrupción, el crimen organizado y la delincuencia institucional, pues impera la impunidad".

Los penales de máxima seguridad, dijo, se están convirtiendo en penales de máxima impunidad y los centros de readaptación social se tornan en centros de inadaptación y oscuridad social.

El diputado José Sigona Torres y la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, ambos integrantes del Partido Acción Nacional, coincidieron en que más allá de citar a comparecer al Secretario de Seguridad Pública es necesario reformar la legislación en materia de los sistemas penitenciarios.

"Dejemos que el Presidente de la República siga en sus funciones de Ejecutivo, de a quién quita o a quién pone, y nosotros continuemos con las que nos corresponde: legislar", resaltó la senadora Calderón Hinojosa.

Finalmente, el senador David Jiménez González, integrante del grupo parlamentario del PRI, coincidió en que los Ceferesos se han convertido en centros de operación y desestabilización del Estado mexicano. "No basta con citar al secretario Seguridad Pública, quien ha dado muestras fehacientes de su incapacidad, sino que el Presidente de la República debe actuar en consecuencia y garantizar los derechos y protección de la ciudadanía, nombrando a gente con experiencia, inteligencia y capacidad al frente de las instituciones para tratar estos asuntos".

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