El consultor de la Cámara de Diputados en el tema del Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, Ignacio Burgoa Orihuela, envió a los Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y José de Jesús Gudiño Pelayo, quienes dieron entrada a la controversia constitucional interpuesta por el Poder Ejecutivo en torno al asunto, un documento en donde les cuestiona la legalidad de su proceder por existir diversas inconsistencias jurídicas.

Ustedes como ministros, estableció en el documento el abogado constitucionalista, integran la Comisión de Receso del segundo Periodo de Sesiones de la Suprema Corte. Con este carácter sólo debieron actuar para proveer los trámites en asuntos administrativos urgentes durante los periodos de receso de la SCJN.

"La admisión de la controversia y la suspensión que en ella decretaron no son 'asuntos administrativos' sino judiciales. ¿Porqué realizaron estos actos aparentemente basados en un acuerdo general de la Suprema Corte?", cuestionó el también Maestro Emérito de la Facultad de Derecho de la UNAM.

En este tema, Burgoa Orihuela resaltó que "ningún acuerdo general tiene validez si altera o modifica la ley. El acuerdo 12/2004 viola el artículo 14 fracción XVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal y la Ley Reglamentario de artículo 105 de la Constitución al disponer que los ministros 'comisionados para recesos de los periodos de sesiones de la SCJN deberán proveer los trámites urgentes en los asuntos jurisdiccionales a que se refiere el artículo 10 de dicha Ley Orgánica", en los cuales se incluyen las controversias constitucionales".

Además, el abogado cuestionó a los ministros el haber reemplazado al Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, "instructor de la citada controversia", aun cuando dicha acción no está prevista legalmente, así como admitir la demanda y decretar la suspensión "si no tienen ustedes el carácter de ministros instructores sino de miembros integrantes de la Comisión de Receso" y por ende, sólo pueden actuar en asuntos administrativos.

Seguramente, concluyó Burgoa Orihuela, las violaciones anotadas quedarán firmes, pues es inverosímil que la Suprema Corte las considerará válidas con base a su Acuerdo citado. Sin embargo, subsiste una instancia no jurídica sino ética: su rechazo por el Foro y la Academia Nacionales. La Historia los condenará.

EF/SR