Con el fin de evitar la dependencia agroalimentaria de México respecto de países extranjeros en torno a los Organismos Genéticamente Modificados (OGM's), el Senado de la República debe incorporar en la Ley de Bioseguridad el "principio de precautoriedad", así como un capítulo sobre empresas importadoras de estos productos, además de que la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y OGM'S construya un programa nacional de investigación y desarrollo biotecnológico.

Así lo consideraron los diputados Omar Ortega Álvarez y Víctor Suárez Carrera, secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología e integrante de la Comisión de Agricultura y Ganadería, respectivamente, quienes resaltaron que dicha Ley, aprobada por la Cámara de Diputados el 14 de diciembre pasado y actualmente revisada por la Cámara Alta, representa un fracaso para las trasnacionales impulsoras de la normatividad.

Suárez Carrera aseguró que el plan nacional debe concordar "con los intereses y opiniones de toda la comunidad científica nacional y fortalecer la inversión en ciencia y tecnología, con el fin de que la investigación nacional responda a necesidades nacionales, además de establecer estos productos bajo control de entidades nacionales".

La Ley de Bioseguridad aprobada por la Cámara Baja fue producto de 31 modificaciones realizadas a la minuta enviada por el Senado, entre las cuales destaca la posibilidad de establecer zonas libres de OGM's a petición de productores orgánicos; etiquetación de los productos; protección especial para el maíz y de los cultivos de los cuales México sea el centro de origen; establecer medidas de contención en caso de liberación experimental, entre otros.

"La minuta aprobada por el Senado estaba apegada a los intereses de las trasnacionales, principalmente de Monsanto, quienes pretendían abrir el mercado de semillas y alimentos para ser genéticamente modificados", destacó el diputado perredista.

Por su parte, Ortega Álvarez reconoció que a pesar de representar un avance cualitativo y cuantitativo en el tema, aún existen diversos vacíos dentro de la Ley, entre ellos el principio de precautoriedad contenido en el Protocolo de Cartagena, el cual establece que "ante la menor duda no debe permitirse el uso de organismos transgénicos".

Los diputados aseguraron que "el marco jurídico aún debe mejorarse buscando ser consistente en términos técnicos y jurídicos, incorporando temas que aún no han sido discutidos como la congruencia con el Protocolo. Insistimos en que esta legislación debe velar por la protección de nuestros productores y de la biodiversidad a fin de alcanzar, verdaderamente, la soberanía alimentaria", por lo que confiaron en que el Senado retrase la publicación de la Ley e integre foros de estudio.

Finalmente, hicieron un llamado al grupo parlamentario del PAN para que "se comporte como tal y haga trabajo legislativo porque en el pasado periodo de sesiones no hizo ningún trabajo parlamentario y sólo se dedicó a apoyar la minuta tal como venía del Senado".

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