México tiene que ser congruente y empezar a juzgar a los genocidas que están protegidos por el Estado para que se conozca la verdad de los desaparecidos durante la guerra sucia en las décadas de los 60, 70 y 80, afirmó la diputada del PRD, Eliana García Laguna.

En los últimos 10 sexenios, más de tres mil ciudadanos han sido desaparecidos y asesinados en acciones represivas ilegales instrumentadas por el actual Estado Mexicano en contra de sus oponentes políticos.

La totalidad de estos crímenes permanecen en la impunidad. La actual administración ha delegado en instancias de tercer nivel la solución de una problemática social e histórica que fue generada durante décadas por una acción criminal en la que se aplicó "todo el peso del Estado".

La perredista aseveró que en este contexto se demuestra el fracaso del Estado a través de la Procuraduría General de la República en donde la Fiscalía que se creó para hacer justicia y tener a los responsables en la cárcel no ha demostrado resultados.

Agregó que en el caso de Miguel Nazar Haro, que está en su casa, así como los responsables de la guerra sucia en el estado de Guerrero, particularmente el general que ya está preso, Acosta Chaparro, no están siendo juzgados por los delitos que cometieron, por lo que se concluye que la procuración de justicia no se ha realizado.

Para Miguel Nazar Haro se configuró la averiguación previa y fue una reforma que se hizo el año pasado que se modificó el artículo 55 del Código Penal Federal.

La propuesta original de la reforma incluía que aquellas personas que hubiesen cometido delitos graves de acuerdo con lo que marca el Código Penal de Procedimientos Penales no tendrían el beneficio de purgar una condena en su casa.

Sin embargo, la iniciativa como quedó aprobada no establece que quienes hayan cometido delitos graves no gozarán del beneficio y es así que Nazar Haro, utilizando una reforma que entró en vigor el año pasado se va a su casa por tener mas de 70 años.

El PRD como grupo parlamentario reconoce que no se tuvo la previsión de que el artículo estableciera de manera muy clara que gozarían de ese beneficio quienes no hubiesen cometido delitos graves, conforme se señala en el Código de Procedimientos Penales.

Al respecto, recordó que el 2 de septiembre de 2004 el PRD presentó en la tribuna una reforma al artículo 55 para que se agregue la frase "que no gozarían de ese privilegio quienes hubiesen cometido delitos graves conforme al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales ", porque no solamente tiene que ver con genocidas los que puedan gozar de un beneficio, pueden ser otra clase de delincuentes que cometan un delito grave a los 68 o 69 años de edad y a los 71 estén saliendo a su casa.

En este sentido, enfatizó que la tortura sigue siendo práctica cotidiana en estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas y en el Distrito Federal sigue existiendo esta práctica.