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Nota N°. 1446 Demandan Tipificar Delito Grave Los Fraudes En Gasolineras

A fin de combatir los fraudes cometidos en expendios de gasolina y diesel en estaciones de servicio de franquicia Pemex y tipificarlo como delito grave, el Partido Verde Ecologista de México presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 387 bis del Código Penal Federal y un inciso 35 a la Fracción del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

El diputado del PVEM Leonardo Alvarez Romo demandó que en las modificaciones al artículo 387 bis se imponga la pena de prisión de tres a seis años y una multa de diez mil a veinte mil días de salario mínimo vigente, independientemente de las infracciones administrativas en que incurra:

Destacó que debe ser castigado el franquiciatario, propietario, socio, representante legal, administrador y gerente de la Estación de Servicio Integrante de la Franquicia de Petróleos Mexicanos, así como a cualquier persona que realice, solicite o permita la manipulación, de uno o varios dispensarios de gasolina o diesel, registrándose así cantidades menores a las vendidas.
En la misma responsabilidad penal incurrirá quien adultere, modifique o reduzca las propiedades y la calidad establecida de los hidrocarburos mencionados en el párrafo anterior, con el propósito de comercializarlos, agregó.

Para sustentar lo anterior, afirmó que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) denunció que las gasolineras utilizan alta tecnología para defraudar a sus clientes.

Añadió que los mecanismos usados para esto son electrónicos, los defraudadores cuentan con tecnología inalámbrica para activar los cambios al sistema electrónico de las estaciones de servicio, de forma que el cálculo de litros se altera, apareciendo una cantidad distinta a la que en realidad se está suministrando, logrando con estos dispositivos manipular dolosamente los cambios al sistema electrónico de las estaciones de servicio.

Destacó que el monto de lo defraudado oscila de 8 mil 500 millones a 18 mil 500 millones de pesos, sin embargo, haciendo números con respecto a los valores de las ventas eportadas por Pemex en 2004 de gasolinas y diesel y considerando la proporción de que la mayoría de las gasolineras, 9 de cada 10 surten litros de 800 mililitros, el monto defraudado podría ser de hasta 31 mil 683 millones de pesos.

En la iniciativa que se turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos se cita que la NOM-EM-011- SCFI-2004 establece las especificaciones, métodos de prueba y de verificación aplicables a los distintos sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos como: gasolinas, diesel, turbosina y gas avión, que se comercializan en el país.

Sin embargo, esta norma no es suficiente ya que la Profeco demostró mediante un muestreo estadístico representativo, que el 90% de las gasolineras operan fuera de la tolerancia de la norma, lo que significa para términos prácticos, que casi todas operan defraudando al consumidor, de forma que es raro encontrar una gasolinera que opere honestamente, dijo el diputado.

Afirmó que los funcionarios de Pemex se deslindan de su responsabilidad, arguyendo que la franquicia es un contrato de orden estrictamente comercial, de tal manera que no pueden actuar en carácter de autoridad.

Señaló que la Profeco sólo cuenta con atribuciones para sancionar administrativamente con multas y clausura hasta por 90 días establecimientos en que se detecten irregularidades. De las más de 6,500 estaciones de servicio, sólo 26, el 0.4% han sido objeto de rescisión de contrato de franquicia y 115 están en proceso.

El diputado señaló que en base a las actuales disposiciones legales, no es posible controlar las conductas ilícitas de estos prestadores de servicio, lo que los pone en una posición de impunidad, dando además un pésimo ejemplo a la sociedad.
Agregó que esto afecta directamente a los sectores productivos del país como la industria, transporte, agricultura, pesca y sectores empresariales, de forma que trunca la posibilidad de ser competitivos a nivel nacional e internacional.

Los energéticos tienen que cuidarse de manera firme, para garantizar al país su continuo desarrollo económico, potenciando sus capacidades para superar las condiciones de atraso y vencer la lacerante miseria y desprotección de amplios sectores y grupos de nuestra población.

Las penas deben de ser altas, acentuó el ecologista, debido a que los delitos que afectan de forma generalizada a los ciudadanos, sociedad, industria, economía y a la soberanía del país deben ser costosos para quien lo comete, de forma que se puedan prevenir y se erradique la comisión de este tipo de ilícitos, finalizó.

En este mismo rubro, senadores del Partido Revolucionario Institucional, solicitaron que el Director General de Pemex dé información respecto a las modificaciones que se harán en torno a los contratos de las franquicias de las estaciones de servicio, así como a las acciones fraudulentas que se imputan a concesionarios.

Así también, en caso de que existan anomalías al respecto, se pide den a conocer las acciones y las penalidades que llevará a cabo la paraestatal en torno a los contratos de las franquicias de las estaciones de servicio.

El Punto de Acuerdo que fue turnado a la Tercera Comisión de la Permanente, cita que es inaplazable que el Gobierno Federal, a través de la Profeco, continúe revisando todas y cada una de los expendios de combustible a nivel nacional, y se hace un llamado a todos los concesionarios para cooperar en coordinación con autoridades, con el fin de verificar el estado.

 
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