La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acordó solicitar al Secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, informe sobre los resultados de las políticas de readaptación social y las tareas específicas de la intervención de las fuerzas armadas en cárceles federales de alta seguridad.

"El uso discrecional del poder presidencial sobre las fuerzas armadas sin instancias de supervisión, por ejemplo, del poder Legislativo u otras instancias legales y legítimas, se presta a no saber hasta donde la participación militar obedece a criterios de seguridad nacional o de mera seguridad gubernamental", aseguró el SENADOR RAÚL Ojeda, quien propuso el Punto de Acuerdo.

Por ello, dijo, se requiere supervisar el funcionamiento de los cuerpos policíacos, el entrenamiento de policías por militares, renovar a fondo las instancias de procuración y administración de justicia del poder Judicial de donde son liberados con relativa facilidad importantes e influyentes narcotraficantes y delincuentes y son condenados otros de menor jerarquía.

"Si bien resulta básico otorgar más dinero, lograr una mejor coordinación y delimitar una nueva tipificación jurídica no es suficiente apostarle a medidas técnicas, monetarias y legales como únicos conductores prácticos de la estrategia nacional de seguridad pública", destacó.

De no removerse las raíces materiales mencionadas, adelantó, y no se convoca a la participación ciudadana, la estrategia tendrá resultados magros, provisionales y hasta contraproducentes para los propios militares quienes descuidarán otras labores y deteriorarán su imagen pública.

"Todas estas consideraciones son oportunas dada la evidencia de vulnerabilidad y fracaso del esquema en las cárceles de alta seguridad del gobierno federal", concluyó el senador.

En el mismo Punto se pidió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos informe sobre el estado que guardan las recomendaciones que haya emitido ese organismo a causa de violaciones de derechos humanos por parte de funcionarios públicos adscritos a las cárceles mexicanas.

Proponen grupo plural de legisladores para visitar La Palma

Luego del asesinato del hermano del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, Arturo Guzmán Loera, "El Pollo", en el penal de alta seguridad de La Palma y de la entrada del Ejército Mexicano a estas instalaciones, diputados perredistas propusieron un Punto de Acuerdo a fin de crear un "grupo plural" de legisladores que visite el Cefereso y verifique la situación de seguridad y el respeto al marco jurídico penitenciario.

La diputada Lizbeth Rosas Montero, quien presentó la propuesta, aseguró que tanto la fuga de "el Chapo" Guzmán del penal de Puente Grande, así como los asesinatos en La Palma muestran "una situación de vulnerabilidad extrema y de alto riesgo para el conjunto de la seguridad de la sociedad".

Los Centros Federales de Readaptación Social, aseguró, deben ajustarse a la normatividad penitenciaria nacional e internacional existente, pero también es necesario insistir en que los derechos humanos de los reclusos deben ser garantizados por la autoridad federal, pues la disciplina y el orden puede y debe coincidir con la legalidad del respeto a las garantías fundamentales de los reclusos, por lo que en esta circunstancia de crisis carcelaria las posibles violaciones a los derechos de los internos no deben ser toleradas.

Por ello, dijo, es necesario que un grupo plural de legisladores federales de esta Comisión Permanente que, acompañados de expertos en el tema, visiten el Cefereso número 1 de La Palma y verifique las condiciones de seguridad del mismo.

"Además, resulta imprescindible que el Gobierno Federal asuma con responsabilidad las graves acciones u omisiones presumiblemente delictivas en donde muy probablemente servidores públicos de alto nivel pudieran estar coludidos con los capos de la droga", destacó.

De otra manera, afirmó, no es posible concebir cómo es que estos lugares se han convertido en perfectos centros para el regodeo de los delincuentes, la apología del delito y la destrucción del orden social e institucional. En efecto, la seguridad, la disciplina y el orden en los Ceferesos se ha relajado y por tanto se han convertido en un asunto estrictamente de seguridad pública en un asunto de seguridad nacional.

Sobre esta crisis penitenciaria, sentenció, mucho tendría que explicar el anterior Secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, pero después del desastre evidenciado en el Cefereso número 1 se impone la salida del actual Secretario, Ramón Martín Huerta, quien por sus anémicos resultados en su breve gestión, no tuvo otra mejor carta de presentación para este delicado encargo que ser amigo del Presidente Fox.

"Si la Constitución y la ley se aplicarán para gobernar a los Ceferesos, seguramente el gobierno del cambio no tendría necesidad de hacer el papelón de distraer y utilizar indebidamente a las fuerzas armadas para fines distintos de los que la Carta Magna les asigna, el Ejército Mexicano fue utilizado inconstitucionalmente en las labores de resguardo y seguridad de La Palma, realizando el trabajo que le corresponde a los cuerpos de seguridad civiles federales", concluyó.

La propuesta fue turnada a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

EF/GG