La propuesta realizada por algunos editores, y apoyada por diversos distribuidores de libros mexicanos, de aplicar una tarifa única en la venta de libros, fue considerada por los secretarios de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados como viable y benéfica tanto para ciudadanos como para vendedores.

José Antonio Cabello Gil, integrante del grupo parlamentario del PAN, aseguró que se está analizando el tema para proponer una iniciativa ante el Pleno y establecer una reforma legislativa. “Los beneficios serían en el mediano plazo y lo que se pretende es fortalecer a las pequeñas editoriales y formar condiciones de equidad para que la competencia no sea despiadada entre editores y librerías”.

El planteamiento, explicó el diputado, fue realizado por expertos de Francia y España, en donde esta medida ya es legislación vigente y, a la vuelta de los años, ha generado impactos positivos en la industria editorial. De entrada, se podría quitar al lector la posibilidad de libros más económicos porque se le pone un tope a la baja. Esto es cierto. Sin embargo, en el mediano plazo es más conveniente.

León Bailón Urioste, ex presidente de la Asociación de Libreros Mexicanos y director general de la empresa Tauro, así como Jorge Espinosa Espejel, de la empresa Difusora Cultural Cosmos, coincidieron en que "esta reforma combate los descuentos exorbitantes con que algunos tratan de ganarse el mercado y dejar fuera al resto de los comerciantes; pero, además del precio fijo, también es necesario atacar la piratería y el fotocopiado".

Al respecto, Cabello Gil consideró que “el tema del precio fijo y el de la piratería son temas diferentes, pues con o sin un costo fijo se tienen ediciones de libros piratas. Esta medida no va a acabar con ese fenómeno”.

Por su parte, la diputada Marbella Casanova Calam, integrante del PRD, aseguró de realizarse las modificaciones correspondientes “se ayudaría a incrementar el número de lectores. La población estaría a favor. El asunto estaría en las empresas, pues algunos van a argumentar que, dependiendo del local de donde ellos expenden el libro, es el tipo de venta, ya que se toma en cuenta el impuesto predial y otros los gastos”.

Y aclaró: “si se está pensando en un sólo precio, tendría que ser regular o bajo. No creo que sea a un precio alto. Habría que ver cuál es el objetivo. Si sólo es para evitar la competencia deben tomarse con un beneficio a los ciudadanos para incrementar el número de lectores”.

Defiendo, afirmó, la parte que para un parte de la población sería atractivo, pues sabrían que el mismo libro se está vendiendo a igual precio en todas las tiendas, pero para la parte de más bajo nivel económico se incrementaría, sin que ellos se lo propongan, el acudir a los piratas.

Acceso a la cultura, un derecho constitucional

Durante la actual legislatura, los grupos parlamentarios del PAN y del PRD presentaron ante el Pleno diversas iniciativas para reformar los artículos 3° y 4° Constitucional a fin de establecer el en la Carta Magna el derecho a la cultura. Actualmente la Comisión de Cultura está por emitir una opinión al respecto, ya que la encargada para elaborar el dictamen y presentarlo en el Pleno para su votación es la Comisión de Puntos Constitucionales.

José Antonio Cabello explicó que dichas iniciativas ya van para el año que se presentaron Lo que falta por conciliar es la redacción, el articulado. Estamos de acuerdo en el tema en lo general pero hay diferendos.

Casanova Calam coincidió con el legislador en que las diferencias son “más de interpretación. Nosotros decimos que la cultura debe de ser obligación del Estado, no hacer la cultura, sino generar las condiciones del desarrollo y el PAN lo maneja como un tutelaje, una palabra así”.

El diputado panista destacó que el problema con la redacción propuesta por el grupo parlamentario del PRD radica en que “se podría interpretar la obligación del Estado mexicano de patrocinar cualquier obra de arte que un mexicano pida, pues la redacción sobre abundaba”

La participación del Estado mexicano con las reformas, explicó, sería en términos generales un poco como el caso de la salud o la educación, pero que no particularice ni detalle, Básicamente que él garantice el acceso y disfrute a la cultura de todos los mexicanos.

Las opiniones sobre si estas reformas constitucionales terminarían con el actual centralismo cultural también fueron encontradas, pues mientras el diputado del PAN negó esta posibilidad y estableció como salida para el tema la creación de la Ley General de Cultura, Marbella Casanova confió en que esta medida será el inicio para que esto suceda.

“Nosotros pensamos que primero debe de ser el techo, es decir, la reforma constitucional. Y luego entrar a esa parte de la Ley General de Cultura. Algunos especialistas con quienes se han hecho actividades, han manifestado que no es tan necesaria una Ley General de Cultura, pues lo necesario es aplicar lo que ya está y llegar a las modificaciones constitucionales”, aseguró la diputada perredista.

Por otro lado, dijo, hay quienes piensan que con una Ley General se podrían desarrollar mejor las actividades culturales. Depende de cómo se planteé así como los términos de la Ley. Va a ser un avance pero también necesitamos incrementar el Presupuesto, alcanzar nuestra meta del uno por ciento del PIB para lograr mucho más esta descentralización.

Por su parte, Cabello Gil aseguró que al expedir dicha Ley e pretende determinar establecer las relaciones que se van a dar entre los diferentes niveles de gobierno: federal, estatal y municipal de tal manera que se establezcan en qué casos concurren las funciones específicas de cada uno de ellos y se fortalezca el rol de los estados y municipios.

Finalmente, la diputada perredista aseguró que en la Comisión de Puntos Constitucionales y en la de Cultura hay un acuerdo por sacar esta reforma en el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia el primero de febrero, aún cuando hay un aproximado de 500 reformas constitucionales esperando ser dictaminadas en la primera Comisión.

EF/GG