Luego de la abrogación del decreto cañero que publicó el Gobierno Federal el pasado 14 de enero, el cual establece abrir el proceso para la constitución del Sistema-Producto Caña-Azúcar, Emilio Chuayffet Chemor, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, aseguró que la problemática del sector se resuelve a través de un nuevo ordenamiento en el que se haga prevalecer el carácter de interés público de la industria azucarera.

El diputado destacó que la prescripción contraviene a la congruencia del espíritu de la Carta Magna, porque la producción, cosecha, transformación y comercialización de productos agropecuarios son de interés público protegidos en la Constitución.

La problemática cañera, dijo, es un asunto de compromiso, toda vez que en el Artículo 25 se cita que la rectoría del Estado da su protección a todas aquellas ramas agropecuarias de producción del campo que puedan representar vulnerabilidad para quienes se dedican a ello.

Por su parte, el diputado Juan Pérez Medina, del PRD, aseguró que el decreto afecta alrededor de 400 mil cañeros de forma directa e indirecta, quienes viven de la producción del endulzante.

En entrevista, anunció que su partido propondrá una iniciativa de Ley una vez que inicie el Periodo Ordinario de Sesiones, el 1 de febrero, con el propósito de cambiar las condiciones de producción de la caña de azúcar, a fin de que los cañeros participen en la industrialización de este producto, ya que es indispensable para que los distintos actores en la materia reciban los beneficios económicos.

El asunto es, agregó, que al competir en el mercado internacional, los campesinos mexicanos no tendrían posibilidades de crecimiento, ya que en el país el promedio de producción de azúcar es de 74 kilogramos por tonelada de caña, contra los 130 kilogramos por tonelada de caña de otras naciones productoras.

Asimismo, destacó que aunque el Gobierno argumente que con dicha publicación se garantizaría la participación de todos los agentes económicos en la cadena productiva, lo que se ha dejado de lado, dijo, es la independencia y soberanía de México sobre sus fuentes de energéticos.

En ese sentido, aseguró que el sector atraviesa por una crisis provocada artificialmente, ya que su potencial como energético alternativo al petróleo es una realidad. Al respecto, anunció la realización de diversos foros de trabajo con el propósito de recabar la opinión de los involucrados en la materia para darle forma a la nueva estructura económica y social de la caña.
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