El pleno de la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo para apoyar las acciones que con estricto apego a derecho se emprendan por el Ejecutivo Federal para combatir y desarticular las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, que han carcomido prácticamente toda la estructura de los organismos de seguridad, incluso del poder político.
Además de exhortar a los poderes públicos, en los tres órdenes de gobierno, para que de conformidad con lo dispuesto en la ley y con pleno respeto a la competencia de cada uno, se sumen a una cruzada efectiva para luchar contra los cárteles del narcotráfico.

Así también hizo un llamado al Ejecutivo Federal a que reconsidere la permanencia de los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública ante la incapacidad que han mostrado en el cumplimiento de sus responsabilidades.
Al fundamentar el punto de acuerdo la diputada del PRD, Marcela González Salas, expresó que el narcotráfico es una de las actividades más complejas a la que se pueda enfrentar cualquier Estado, ya que involucra una serie de delitos como corrupción, asesinato, lavado de dinero, tortura, pornografía infantil, tráfico de influencias y casi cualquiera de los tipificados en la legislación penal.

Destacó que ante el fortalecimiento y reorganización de los distintos cárteles que operan en México los niveles delictivos se han incrementado, además el crimen organizado ha rebasado sus trincheras para retar al gobierno y a los mexicanos.
La existencia de organizaciones criminales que durante años han controlado el comercio de estupefacientes va más allá de la capacidad del Estado mexicano para enfrentarlo, estas redes criminales han tomado al país como virtual campo de batalla, indicó.

Asimismo, dijo que la parálisis de los sistemas de seguridad pública, ampliamente rebasados, hacen del fuero común que las autoridades simplemente declaren: "ese fue un ajuste de cuentas entre narcotraficantes".

Durante la discusión del punto de acuerdo, el PAN argumentó que el hecho de que el Ejecutivo reconsidere la permanencia de los funcionarios adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública puede resultar una medida contraproducente.

En voz del partido, la senadora Lydia Madero García, propuso: "Se exhorta al Ejecutivo Federal a que se investigue la participación de funcionarios de Seguridad Pública de los distintos órdenes de gobierno que estén involucrados en el narcotráfico para que sean igualmente sancionados".

Por su parte, la legisladora del Partido Acción Nacional Fabiola Aragón Cortés presentó un punto de acuerdo a fin de exhortar a los municipios de Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan de Juárez, La Paz, Nezahualcóyotl, Tecámac y Texcoco del estado de México y a la Secretaría de Seguridad Pública a celebrar convenios para que se implementen sistemas de planeación y control policial con la Policía Federal Preventiva a fin de erradicar la violencia.

Finalmente, indicó que los municipios conurbados del estado de México poseen un índice delictivo elevado, en los cuales se carece de una cultura de la denuncia que es necesaria para combatir cualquier tipo de delito, además faltan recursos para fortalecer la seguridad pública municipal.

DJ/GG