El día de hoy, a través de la Dirección General Jurídica y con asistencia notarial para efectos de certificación, la Cámara de Diputados presentó formalmente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la contestación a la demanda de Controversia constitucional que instauró el titular del Ejecutivo Federal en relación con el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2005.

Esta contestación fue presentada ad cautelam --es decir, con reservas legales-- por parte del órgano legislativo, debido a que el Pleno de la Corte no ha resuelto aún los recursos de reclamación que fueron interpuestos con toda oportunidad en contra de las indebidas actuaciones de los Ministros de Receso que resolvieron admitir la demanda de controversia del Ejecutivo y suspender la aplicación de algunos artículos del Decreto de Presupuesto, contrariando las disposiciones constitucionales y legales aplicables en la materia.

Cabe señalar también que en la propia contestación se pide que sean citados en el juicio de controversia, como terceros interesados, los gobiernos de 21 entidades federativas y 95 municipios, toda vez que fueron afectados por la suspensión decretada por los Ministros de Receso al paralizarse las inversiones autorizadas por la Cámara de Diputados en beneficio de las citadas comunidades.

En la contestación de la Cámara se sustentan de manera fundamental tres puntos: en primer lugar, que es facultad constitucional exclusiva de la Cámara de Diputados la aprobación del Decreto de Presupuesto de la Federación; en segundo lugar, que el Presidente de la República carece de atribuciones para vetar o hacer observaciones a dicho decreto, de conformidad con lo establecido por la propia Carta Magna; y, en tercer lugar, que el órgano legislativo actuó con pleno apego a los ordenamientos que la rigen al determinar como improcedentes las observaciones que le fueron remitidas por el Ejecutivo, a través de un Acuerdo del Pleno aprobado por más de las dos terceras partes de los diputados presentes.

En torno a estos puntos básicos, la contestación de la Cámara desarrolla a lo largo de más de 180 fojas varias líneas de argumentación jurídica complementarias, cuyo objetivo es rebatir aspecto por aspecto la demanda de controversia del Ejecutivo, señalando su improcedencia y su falta de fundamentación.

Así, en la primera parte se hacen valer las causales de improcedencia de la referida demanda, destacando que el Decreto de Presupuesto aprobado por la Cámara, constituye un acto concluido y perfecto desde el punto de vista jurídico, cuya alteración podría poner en riesgo el equilibrio fiscal de la Federación.

La contestación formula también una serie de consideraciones acerca del contenido y la naturaleza del presupuesto desde un punto de vista integral, reflejando la evolución histórica y el marco conceptual y constitucional en que se han conformado los principios y criterios vigentes para su revisión, modificación y aprobación.

En las partes centrales del documento, se da respuesta puntualmente a los conceptos de invalidez esgrimidos por el Ejecutivo en su demanda de controversia, enfatizando particularmente que el Decreto de Presupuesto aprobado no supone violación alguna a las leyes federales relacionadas con la planeación y programación del gasto, toda vez que el mismo se constriñe a asignar los recursos públicos disponibles para atender las necesidades del país, sin incidir sobre las atribuciones del Ejecutivo relacionadas con su aplicación y ejercicio.

Los argumentos y consideraciones anteriores son respaldados por un conjunto de 30 pruebas iniciales que la Cámara aporta dentro de su contestación para que sean valoradas por la Suprema Corte.