Con los votos a favor del PRI y PAN, la Sección Instructora decidió cerrar el periodo de instrucción del caso de desafuero que se sigue contra el Jefe de Gobierno capitalino e iniciar la etapa de poner a la vista de ambas partes el expediente para que lo puedan consultar y elaborar sus alegatos de defensa.

Lo anterior, luego de que los diputados rechazaran por mayoría la solicitud del Jefe de Gobierno en el sentido de instalar una junta de peritos que resolvieran las contradicciones que en materia topográfica resultaron del análisis de los límites, colindancias y estado orográfico del predio El Encino.

También, por mayoría, desecharon un recurso de revocación interpuesto por López Obrador, con el que pretendía que sí se tomaran en cuenta como pruebas notas periodísticas de medios de comunicación escritos, en las cuales, supuestamente, se evidenciaba, con declaraciones del presidente Vicente Fox y su esposa, que el caso del desafuero se trata de un asunto político y no jurídico.

Horacio Duarte Olivares, presidente de la SI, explicó que el procedimiento que seguirán es poner a la vista de ambas partes el expediente para que lo puedan consultar; para la Procuraduría General de la República, del 7 al 9 de febrero y para el Jefe de Gobierno, del 10 al 12 de febrero.

Concluida esta etapa, se abrirá, del día 13 a18 de este mismo mes, el periodo de alegatos para que ambas partes presenten sus consideraciones jurídicas finales y los diputados estén en condiciones de emitir el dictamen correspondiente, sin embargo, explicaron no se puede hablar ni siquiera de una fecha tentativa para conocer la resolución final.

El diputado Duarte Olivares, del PRD, y el único que se manifestó a favor de realizar nuevos peritajes para determinar la extensión de El Encino, comentó que el argumento de que “solo se trata de unos centímetros de diferencia” hecho por el diputado del PRI, Francisco Frías Castro, puede ser una consideración de peso al final del proceso “toda vez que no se puede conocer si se continuó o no con la construcción de un camino si ni siquiera se sabe exactamente cuál es la extensión del predio”.

Por su parte, la legisladora del PRI, Rebeca Godínez y Bravo, argumentó: “no hubo contradicciones periciales esenciales en lo que se refiere a la litis, a saber, si hubo o no desacato de una orden judicial, en este sentido, lo que tenemos que dilucidar no está en entredicho con esa prueba”.

En otro acuerdo que se tomó esta tarde, Duarte Olivares acuso que los otros tres diputados sí manifestaron una intención política y no una decisión jurídica al rechazar la entrada a estudio de las solicitudes de declaración de procedencia contra el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azula; el Secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz y los gobernadores de los estados de Morelos y Guanajuato, Sergio Estrada Cajigal y Juan Carlos Romero Hicks, respectivamente.

AZ