Las facultades de la Cámara de Diputados y del Ejecutivo Federal en torno al Presupuesto de Egreso de la Federación, la actuación de la SCJN ante las controversias presentadas, el presidencialismo, así como la Reforma de Estado y el poder del narcotráfico fueron los temas coincidentes durante el posicionamiento de los grupos parlamentarios de la Cámara en vísperas del 88 aniversario de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, a celebrarse el próximo 5 de febrero.

Jesús González Schmall, integrante de Convergencia, resaltó, una vez más, que a partir de las reformas constitucionales realizadas durante la actual Legislatura, la Cámara de Diputados "tiene la facultad no sólo de examinar el PEF, sino modificarlo. Por ello, el Ejecutivo Federal no puede hacer observaciones ni censurar participaciones, por ser facultad exclusiva de una sola de las Cámaras".

No debió, advirtió, haber involucrado a la Corte en la prestación de un servicio político a favor del sectarismo del Ejecutivo que la desnaturaliza y atrapa en la necesidad de tapar en la usurpación de funciones legislativas hechas al vapor por burócratas judiciales de alto nivel la firma de los propios ministros para detener un acto soberano de esta Cámara en materia presupuestal.

Por su parte, el diputado del PT, Pedro Vázquez, resaltó que el Estado mexicano afronta hoy los embates del narcotráfico que prácticamente se enfrentan de tú a tú con las instituciones gubernamentales encargadas de combatirlas. Más aún, el diseño institucional del sistema Presidencial previsto en la Constitución de 1917 resulta ya inoperable.

Con base en lo anterior, aseguró, es necesario concretar la reforma democrática del Estado que amplíe la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas. Es necesario establecer en nuestra Carta Magna la democracia participativa como complemento de la democracia representativa, a través de la iniciativa popular, el referéndum, así como la revocación de mandato.

Daniel Ordóñez Hernández, integrante del grupo parlamentario del PRD, coincidió con lo anterior y aunó que "el Estado mexicano ha sido retado por el narcotráfico el cual está empecinado en sentar las bases de un Estado de facto que penetra las instituciones al punto de colapsar su base ética y social".

¿Cómo podemos, cuestionó, postular que existe un Estado de Derecho cuando la SCJN actúa como una corte del Presidente en turno interpretando a su modo tanto la Constitución como las leyes que de ella emanan? ¿Cómo puede esperar cualquier ciudadano la igualdad de la aplicación de la Ley, si el Máximo Tribunal de la Nación comete tales excesos conociendo el principio de división de Poderes y las facultades exclusivas de esta Cámara?

José Antonio de la Vega Asmitia, del PAN, destacó como "un hecho notorio del cambio político en México, precisamente, la vitalidad con la que el Congreso mexicano plural cumple hoy su función dejando atrás el abandono de sus funciones constitucionales y la indebida prepotencia del Ejecutivo federal".

Igualmente, el Poder Judicial de la Federación garantiza más que nunca la eficacia en el cumplimiento y respeto de nuestra ley retomando su papel como tribunal constitucional cuyas resoluciones acreditan la nueva realidad que asiste a nuestro país. Las instituciones, característica principal del estado de Derecho, están, hoy, plenamente vigentes como síntoma innegable de nuestra transición a la democracia.

Durante su participación, Jesús Zúñiga Romero, integrante del grupo parlamentario del PRI, destacó que las demandas fundamentales recogidas en la Constitución de 1917 englobaron la historia republicana de nuestro país: el federalismo, el sistema representativo, basado en la soberanía popular, el desarrollo de la declaración de derechos y las medidas técnico jurídicas de garantía para proteger los derechos de los ciudadanos.

Finalmente, el Partido Verde Ecologista de México, hizo un llamado desde la Tribuna a los consejeros electorales del IFE, luego de que éstos rechazaran nuevamente la legalidad de sus estatutos. En voz del diputado Raúl Piña Horta, exhortaron a las autoridades de ese Instituto a "respetar el Estado de Derecho y se apeguen a la Constitución Política, a la legalidad y a la justicia en sus resoluciones".

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