Luego de las denuncias que surgieron en torno a la irregularidad en la compra de terrenos que hizo el Presidente Vicente Fox y su esposa en las costas de Michoacán, la Comisión de la Reforma Agraria en San Lázaro acordó integrar un grupo de trabajo para dar seguimiento y solicitar información para comprobar la legalidad de esa adquisición.

Manuel García Corpus, presidente de esa instancia legislativa, comentó que es obligación de la comisión investigar cualquier caso que involucre a ejidatarios afectados, y particularmente sobre la bahía de El Tamarindillo dijo que es un asunto que, de confirmarse lo que se ha dicho, sería muy grave.

El grupo que investigará la compra de varias hectáreas en el municipio de Coahuayana, Michoacán, quedó integrado por las diputadas Ana Lilia Guillén, del PRD; Margarita Chávez Murguía, del PAN y por el diputado del PRI, Elpidio Concha, quienes se encargarán de solicitar a la Secretaría de la Reforma Agraria información, como de enlace directo con los ejidatarios afectados.

Apenas el pasado jueves 13 de enero, se presentó ante la Comisión Permanente un punto de acuerdo donde se pedía investigar la supuesta existencia de tráfico de influencias y favoritismos por parte de la Presidencia de la República debido a la relación entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la empresa constructora FACOPSA, a cargo de Cosme Mares Hernández, a nombre de quien se compraron los terrenos.

Los ejidatarios afectados revelaron que en la compra de 265 hectáreas de terrenos del ejido El Ticuiz, en la bahía de El Tamarindillo, por un precio de 25 millones de pesos, se violaron diversas disposiciones legales y no se respetaron las formalidades procedimentales, en perjuicio de sus derechos, además que fueron ignorados por el comisariado ejidal y por los tribunales agrarios correspondientes.

AZ