Favor de manejar de sábado para domingo

El PRD en la Cámara de Diputados, a través de su coordinador jurídico, Horacio Duarte Olivares, prepara una de las redes que soportaría la argumentación legal para que el Jefe de Gobierno capitalino continúe gozando plenamente de sus derechos políticos, aun si la mayoría de los diputados deciden desaforarlo.

De acuerdo a Duarte Olivares, también presidente de la Sección Instructora, la estrategia se basa en adecuar la Constitución Política al espíritu de un convenio internacional que México suscribió en 1969, y que establece que no se podrán suspender los derechos políticos a quien se encuentre sujeto a un proceso penal hasta en tanto no se dictamine una sentencia, y no en el momento en que inicie la ejecución del proceso, como actualmente lo prevé la Carta Magna.

La argumentación jurídica que provocaría “un gran debate” luego de darse el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, se encuentra en el Artículo 23 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José, que establece que sólo se puede reglamentar el ejercicio de los derechos políticos por razones de condena de un juez competente en un proceso penal.

De acuerdo al 38 Constitucional, cuando se te somete a un proceso penal todavía no eres declarado culpable, pero para efectos políticos ya lo eres, porque te eliminan tus derechos, aun cuando en nuestro país existe el principio jurídico de la presunción de inocencia, por lo que hay una incongruencia con nuestro ordenamiento, argumentó.

Para el caso del jefe de gobierno, dijo, se tendrá que abrir una discusión de si se toma en cuenta el precepto constitucional “a raja tabla”, o se alegan los derechos establecidos en los tratados internacionales que son ley suprema, por lo que no se trata de un tema menor debido a la carga política particular.

Recordó que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha hecho recomendaciones a los estados miembros para proteger los derechos políticos, y que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha obligado a las naciones a cambiar sus constituciones para adecuarlas al Pacto de San José.

Cabe mencionar que el Artículo 133 Constitucional establece que los tratados y convenios internacionales son ley suprema, no obstante la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que dichos documentos están por debajo de la Constitución y por encima de las leyes secundarias.

AZ