Manuel García Corpus, presidente de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, anunció que entre hoy por la tarde o mañana a primera hora recibirá a dirigentes de organizaciones campesinas para explicarles las dos iniciativas en esta materia, y que se prevé se presenten en los próximos días ante el Pleno: Reforma al artículo 27 Constitucional y la Ley Agraria.

Afirmó que se requiere reformar el marco jurídico agropecuario para contar con una reforma institucional que vaya acorde con las condiciones de la República y del sector campesino, con el propósito de mejorar su productividad y competitividad.

En la reforma al 27 Constitucional, dijo, le estamos dando respuesta a las demandas que han hecho organizaciones. Entendemos que debe haber un equilibrio, que ya no se puede dar el reparto agrario generalizado. Pero también, hay demanda insatisfecha de los campesinos y que el Estado mexicano tiene la obligación de atender su peticiones, a través de créditos para la compra y renta de tierra o bien para proyectos productivos para el agro.

Consideró que es necesario reglamentar el máximo de extensión de tierra, ya que existen denuncias en diversos estados del país en donde se vive un acaparamiento del agro, a través de estas sociedades que permiten que cierto número de socios acumulen más de lo que marca la pequeña propiedad.

Destacó que dentro de las exigencias al 27 Constitucional se encuentra la referente a que se establezca en la Carta Magna el que se mantenga una institución que promueva el desarrollo agrario del país.

Esto, agregó, es importante, porque de manera permanente se ha pretendido desaparecer la Reforma Agraria como Secretaría, pero no como institución.

En cuanto a la Ley Agraria, explicó que la comisión se encuentra trabajando en un nuevo ordenamiento, el cual tiene como aspecto principal el hacer concordar el ordenamiento con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, es decir, que los ejidos y las comunidades puedan incorporarse a los comités de desarrollo rural para que éste sea partícipe de las políticas agropecuarias del Gobierno Federal.

Por otro lado, agregó, fortalecer al ejido y comunidad a través de instrumentos jurídicos que permitan reactivar la vida ejidal y comunal, así como dotar de mayor autonomía presupuestal y operativa a la Procuraduría Agraria para que no sea juez y parte en los conflictos que se supone se deben atender y ayudar a los campesinos.

Mi propuesta en este sentido, señaló, es que debe haber un equilibrio y que el Estado mantengar la obligatoriedad de atender las demandas de tierra de los campesinos, pero de manera generalizada, sino focalizar, ya sea por medio de la compra de tierra, a través de un fondo, programas de crédito o proyectos productivos.

Afirmó que como órgano legislativo esa sería la tarea, "apoyar la demanda de atención de los campesinos que nos han solicitado".

Finalmente, dijo que en términos presupuestales se ha apoyado con mayores recursos al campo, sin embargo los capitales al estar con la burocracia hace que los trabajadores de la tierra no puedan acceder a los programas, lo que imposibilita aún más que este sector sea beneficiado.

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