Rebeca Godínez y Bravo, secretaria de la Sección Instructora (SI), aseguró que es imposible reabrir la discusión jurídica del caso El Encino y revalorar las limitaciones y medidas del predio, como lo planteó el presidente de la Comisión, Horacio Duarte Olivares.

"Ya se declaró que está cerrada la instrucción, por lo que ya no es momento ni siquiera para entrar a analizar si se puede o no reabrir la discusión, por lo que ya está corriendo el tiempo para concluir con la etapa de alegatos, para después preparar la emisión del dictamen".

"Algo que no podemos perder de vista es de qué se le acusa; se trata de que desobedeció una orden judicial y ese es el fondo del asunto, lo demás es responsabilidad de las autoridades competentes. En ese sentido lo que a nosotros nos importas es saber si hubo desacato", argumentó.

La diputada priísta aseguró que a partir del 18 de febrero, cuando se cierra el periodo de alegatos, se planteará una fecha tentativa de cuándo podrá estar listo el dictamen para desaforar a Andrés Manuel López Obrador, jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como un método de discusión, "porque me imagino será por partes".

Godínez y Bravo explicó que la SI está en los tiempos justos de las indagatorias, cuestión que no permite apresurar la elaboración del dictamen, por lo que se podría discutir si hay elementos para el desafuero, en este periodo ordinario, en un extraordinario o incluso hasta septiembre.

"Nosotros no estamos supeditados a todo el entorno que envuelve este asunto, no avanzaríamos ni discerniríamos nada en la SI", por lo que es preocupante que "varias personas aseguren que de proceder el desafuero habría inestabilidad política y económica en el país".

En ese tenor, hizo un exhorto a todos los actores políticos para mantener la discusión y la conclusión del tema en el terreno jurídico y no crear confusión en la ciudadanía, porque cualquier decisión que tomemos, en el sentido que sea, no tiene que afectar la estabilidad.

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