El principal conflicto con el que se encuentran las autoridades para hacer efectivos los tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados por el país, es que se éstos están supeditados a las leyes nacionales, por lo cual es necesario elevar a rango constitucional el término de derechos humanos, así como reformar el artículo 133 de la Carta Magna, coincidieron especialistas en el tema.

Durante el foro "La jerarquía Constitucional de los tratados internacionales en materia de derechos humanos", organizado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Juan José Gómez Camacho, Director General de Derechos Humanos y democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores explicó que México tiene un aproximado de 70 tratados internacionales, los cuales "está obligado a cumplir frente a la comunidad mundial".

En representación de la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Patricia Olamendi, Gómez Camacho enfatizó que actualmente el país tiene un desfase entre dichos convenios y la legislación nacional, pues los primeros se encuentran muy por debajo de los normas federales.

"México está obligado a cumplir con los tratados internacionales, que no es otra cosa que garantizar el goce de los derechos establecidos en ellos a los habitantes de este país. Sin embargo no estamos cumpliendo", reconoció ante organizaciones no gubernamentales, comisiones de derechos humanos y académicos.

No tenemos, aseguró, capacidad de reaccionar ni de cumplir cabalmente las obligaciones internacionales porque sistemáticamente nos enfrentamos a obstáculos que se derivan de la propia disposición jurídica nacional.

"Desde la perspectiva de la cancillería, las alternativas para resolver este conflicto se encuentran en el artículo 133, al cual se le haría una pequeña enmienda en donde se diga que la Constitución y los tratados son la Ley suprema de toda la Unión. Como segunda opción es constitucionalizando no al tratado per se, sino a los derechos reconocidos en esos tratados, es decir, establecer que "la Constitución y los derechos reconocidos en los tratados internacionales de los cuales México es parte, tendrán un nivel igual a las leyes mexicanas", propuso.

Lo anterior, aclaró, sin perjuicio del trabajo que está haciendo la Comisión de Derechos Humanos al constitucionalizar dichos derechos contenidos en los tratados. Ese es un primer esfuerzo fundamental sin el cual no tendría sentido la discusión de reforma al 133.

De llevar a cabo estas acciones, dijo, se tendrían dos efectos inmediatos: impulsar el proceso en donde todas las legislaturas, fundamentalmente las estatales, empiecen ese proceso de armonización, y que el Poder Judicial, tendría que habilitar de mejor manera a los jueces para que interpreten de manera directa los convenios internacionales.

Por su parte, Leticia Flores Díaz leyó un texto elaborado por la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, en donde explicó que "el problema esencial en materia de aplicación de tratados al interior de un Estado consiste en la adaptación que de las normas internacionales se haga en su derecho interno, en el lugar que éste le asigna a estas normas.

Con excepción de algunos casos, reconoció, no existe en la Constitución un reconocimiento expreso de validez intrínseca del derecho internacional, es decir, las normas del derecho internacional no son válidas per se en nuestro país, pues su eficacia opera en tanto son aceptadas expresamente por la Carta Magna.

"Puede apreciarse que la Constitución misma reconoce a los tratados como parte del sistema jurídico nacional, pero también que la materia relativa a las fuentes se encuentra dispersa por todo el articulado Constitucional y su sistematización es insuficiente e incompleta", afirmó.

A fin de dar plena efectividad a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, la Ministra propuso, entre otros: establecer a nivel constitucional una jerarquía axiológica que postule expresamente la preponderancia de los tratados internacionales en materia de derechos humanos por encima de las leyes federales, incluso estableciendo como obligación genérica el interpretar todo el sistema jurídico de manera que se adapte lo más posible a los actos internacionales en esta materia.

La segunda propuesta estuvo dirigida a "mejorar la capacitación de los funcionarios judiciales en materia de tratados internacionales. No sólo se trata de sensibilizar a Jueces y Magistrados sobre la necesidad de conocer y aplicar estos instrumentos, sino de hacer llegar esta necesidad hasta el último de los funcionarios judiciales y a todos los operadores jurídicos".

En tercer lugar, "establecer una perspectiva de género en la construcción y aplicación de las normas del derecho internacional. Es de capital importancia adoptar una perspectiva de género no sólo en la interpretación judicial, sino en general en todos los niveles de gobierno, los Poderes de la Unión y en el resto de los operadores políticos".

Por su parte, la Presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Rebeca Godínez y Bravo, coincidió en que el "problema radica en que aún en nuestra carta magna no se establece la jerarquía alguna de cada uno de los ordenamientos jurídicos que la componen; también puede señalarse que la redacción del artículo 133 ha permitido, y permite, diversas interpretaciones".

EF/SR