La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados acordó dictaminar, a más tardar el 16 de marzo, la nueva Ley de Presupuesto, que contemplará no sólo las iniciativas recibidas con anterioridad, sino las experiencias de septiembre a diciembre pasado y, sobre todo, lo que la controversia constitucional está arrojando en la materia, para definir cuáles son las responsabilidades de la Cámara.

El presidente de dicha instancia legislativa, Ángel Buendía Tirado, dijo que uno de los puntos centrales de la nueva normatividad es precisar si el Ejecutivo cuenta con la facultad de vetar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), ya que de acuerdo con lo establecido en la Constitución no tiene ese derecho.

Destacó que la aprobación de la nueva Ley de Presupuesto se da en medio de una gran responsabilidad histórica, por la controversia Constitucional que interpuso el Ejecutivo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el PEF 2005.

A las 11:00 horas de este jueves, la Mesa Directiva de la Comisión y el grupo de trabajo conformado para tal efecto, comenzarán a incorporar el nuevo material respecto al presupuesto, como la iniciativa que presentó ayer Convergencia y una del diputado Ángel Buendía Tirado, reglamentaria al artículo 74 Constitucional.

No obstante, en un documento que suscribieron 26 de los 30 integrantes se estableció que la base para la elaboración del proyecto será un documento acordado desde abril del año pasado por un grupo plural de legisladores coordinados por el diputado del PRI, Luis Antonio Ramírez Pineda.

La nueva Ley de Presupuesto propondría, inicialmente, establecer plazos específicos para que la Cámara discuta y apruebe el presupuesto; que el Ejecutivo presente un informe sobre los techos de endeudamiento y requerimientos de los programas prioritarios; definir detalladamente qué significa “modificar” el presupuesto; reglas sobre aspectos petroleros, que incluyan distribución, excedentes y precio; responsabilidades en el ejercicio de la ejecución presupuestal; reconducción y multianualidad y facultar al Congreso de la Unión para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo.

A su vez, el diputado del PRI, Francisco Suárez Dávila dijo que hasta el momento existen tres iniciativas de Ley de Presupuesto, la del PRI, PAN y Convergencia, las cuales serán enriquecidas, con el propósito de aprobar una legislación que otorgue certidumbre económica y financiera.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Gustavo Madero Muñoz, consideró que una de las principales características que debe tener el nuevo PEF es que sea multianual, además de determinar el precio del petróleo, a fin de dar seguridad y certidumbre jurídica al país.

La Comisión también determinó citar al subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Carlos Hurtado, para que explique el por qué del “manoseo” que la dependencia ha hecho en la liberación y aplicación de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación en diciembre pasado.

A propuesta del diputado del PRD, Guillermo Huízar Carranza, el funcionario acudiría la próxima semana a San Lázaro para aclarar las diferencias existentes entre el dictamen aprobado por los diputados y el decreto publicado por el Ejecutivo federal, así como la negativa a liberar los recursos no suspendidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de recortes en el gasto corriente, la reintegración de partidas a programas como Oportunidades y Enciclomedia y los subejercicios registrados hasta el momento.

Los legisladores recordaron que recientemente, el 28 de enero, Hurtado López acudió a la Cámara de Diputados, sin embargo, consideraron su visita como un acto “estéril”, toda vez que aún hay cuestiones fundamentales que resolver como “la contaminación presupuestal por la controversia”.

También se acordó, a propuesta del diputado Rafael Galindo Jaime, presidente de la Comisión Especial para el Campo, presentar un punto de acuerdo en la sesión de mañana, para pedirle a la Secretaría de Hacienda que libere y ejerza de manera inmediata los recursos que no fueron impugnados en la controversia constitucional que el Ejecutivo federal interpuso, y que no están siendo destinados a infraestructura, equipamiento, planes y programas.

Por último, la mayoría de los diputados decidieron que el próximo miércoles 23 de febrero será el plazo fatal para dictaminar la Cuenta Pública 2001, para lo cual se conformó un grupo de trabajo que se encargará de elaborar el anteproyecto y presentarlo en un término de ocho días, a partir del cual dispondrán de un periodo similar para ser discutido y, en su caso, aprobado ante el pleno de la Comisión.