Martí Batres Guadarrama y Gilberto Ensástiga acusaron a la Sección Instructora de violar las garantías elementales de un ciudadano sujeto a proceso, dejar de analizar los argumentos de López Obrador, además de revisar de manera parcial el expediente del caso.

En una carta dirigida a los cuatro integrantes del órgano legislativo, los firmantes expresan que sería, por lo menos, inconstitucional, irresponsable e injusto, que la SI se pronunciara a favor de retirar el fuero al Jefe de Gobierno capitalino.

El documento fue recibido formalmente en las oficinas de la Instructora y de manera informal en las afueras del Palacio Legislativo por parte del presidente de ese órgano, Horacio Duarte Olivares.

Batres y Ensástiga, candidatos para dirigir el PRD capitalino, exhortaron a los diputados a desechar el procedimiento por considerarlo “notoriamente improcedente” y no contar con ningún soporte jurídico.

Advirtieron que la gente está pendiente y dispuesta a seguir manifestándose contra el posible desafuero, por lo que les pidieron que antes de decidir valoren y reflexionen acerca de las consecuencias de “un fallo injusto”.

El documento de tres cuartillas fue repartido a los cuatro integrantes de la SI: dos del PRI, uno del PAN y uno más del PRD.

Respecto a la intensificación de las manifestaciones de rechazo al desafuero que se realizan en el exterior del Palacio Legislativo, Batres Guadarrama comentó que la población está protestando en un marco pacífico y cuidarán las instituciones y la tranquilidad de la República.

Por su parte, el diputado Duarte Olivares confió en que no habrá desbordamiento de las instituciones y que no se está violando la ley, además de señalar que “si se da el desafuero se defenderá el tema en la Cámara de Diputados”.

Mañana, a las 11:00 horas, la SI se reunirá para decidir las fechas en que se desarrollará la ruta crítica del proceso contra AMLO; nuevamente comentó que existe la posibilidad de que los dos diputados del PRI voten de manera diferente, con lo que se empatarían los votos y el asunto no llegaría al Pleno de la Cámara y “quedaría en el limbo jurídico”.

AZ