Uno de los principales motivos por los que se han aplicado mecanismos de control en la administración pública es la corrupción. Sin embargo, éstos no han funcionado. Daniel Márquez Gómez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, aseguró que, actualmente, en el caso de las compras que realiza el gobierno se incorporan, en prácticas corruptas, 50 mil millones de dólares, mientras que cada hogar destina 7 pesos de ingreso diario a las mismas.

Durante el Foro Nacional de Consulta en Materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos, organizado por las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales, Justicia y Derechos Humanos, así como la Jurisdiccional, el doctor Márquez destacó que la principal causa de ineficiencia es “la pesada sombra de la política sobre el control”.

Tenemos, afirmó, la carencia de autonomía de los encargados de esta función, puesto que dependen de los grupos políticos y, aunque las normas declaran formalmente la autonomía de la función de los responsables, en la mayoría de los casos se subordinan expresamente al poderoso en turno.

“Además, existen fenómenos de sobrerregulación. Los órganos de control no están equipados ni técnica ni jurídicamente para su función, la cual es materialmente jurisdiccional. De esta manera, se debe trabajar con estructuras administrativas como si se tratase de una oficina más, por lo que carecen de notificadores, proyectistas, de secretarios de acuerdos”, enfatizó.

El ultimo problema que no podemos soslayar, dijo, es el fuerte significado político que se la ha imbuido a la función de control puesto que desafortunadamente toman los resultados de esta función para sustentar los ataques a otros grupos políticos.

“La función de control debería de ser lo más transparente posible. Los resultados deberían sustentarse en elementos de naturaleza técnico-jurídica de tal calidad que impidiese, llegado el momento, que éstos fuesen el motivo o la causa para descalificar a adversarios políticos. Cuando el derecho se vincula con la política, pierde el derecho y pierde la política”, advirtió.

Un aspecto fundamental, explicó, es que el control intentó mejorar la interacción entre la administración y los gobernados y, por el otro lado, eliminar formas de corrupción que emerge fuertemente en la actualidad. Sin embargo, hoy se hace uso de partidas con recursos exorbitantes en materia de comunicación social para tratar de influir en el ánimo de los ciudadanos.

“Se han buscado herramientas para controlar la corrupción: el derecho, la contabilidad, la auditoría, las técnicas o procedimientos administrativos, pero todo esto nos ha llevado a una falacia: que consideremos que el sistema o ambiente de control son esas herramientas y que procedamos a dar cauce a procedimientos de control como si estas cuestiones fueran la panacea a los problemas de nuestra administración publica”, aseguró.

Lo anterior, precisó, ha llevado a despreciar la racionalidad de las leyes y el buen juicio de los operadores y de los jueces de control.

“Actualmente, nos han secuestrado el control. Se carece de medios científicos de investigación para solicitar informes a los presuntos responsables y apoyar eficientemente en los argumentos que las partes dan en sus escritos. Se pide documentos pero el procedimientos en lugar de ser una indagación se ha transformado en un simple proceso de naturaleza documental”, aunó a las múltiples deficiencias del problema.

Además de que “una norma que se publicitó con bombo y platillo, hoy en día ha demostrado total inoperancia. La Ley Federal de Servicio Civil de Carrera. No ha dado certeza y estabilidad en el empleo a los servidores que se certifican y los cargos en la administración se siguen ocupando por amiguismo, por compadrazgo, por cuestiones extradministrativas”.

Entre las soluciones propuestas por Márquez Gómez se encuentran “modificar el código ético que contiene la Constitución Federal incorporando a los principios existentes los de neutralidad transparencia de la gestión y servicio a la sociedad; establecer un catálogo de conductas cuya infracción lleva a establecer las sanciones establecidas en la ley; para evitar la discrecionalidad, incorporar un catálogo de infracciones graves y leves además de establecer con claridad las competencias delimitando en qué casos, así como crear un Tribunal de Cuentas con procedimientos que permitiera establecer el interés público por encima del particular”.

EF/SR