Con el voto en contra del Partido de la Revolución Democrática, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó diversas reformas a la Ley General de Asentamientos Humanos con las que se faculta a los municipios a suscribir, con las comunidades integrantes de un pueblo indígena, convenios y acuerdos de concertación que apoyen los objetivos y prioridades de los programas sobre asentamientos humanos.

El diputado Bernardino Ramos, quien fundamentó el voto en contra del PRD, aseguró que de aprobarse el dictamen se legitimaría la reforma Constitucional en materia de derechos y cultura indígena de 2001 “aquella que fue rechazada por los Congresos locales de estados con importante población indígena y que uno de los aspectos sustanciales fue negar la autodeterminación y el ser sujeto de derecho público para planear su desarrollo”.

Lo anterior, explicó, debido a que el dictamen establece que “las decisiones quedan en manos de la autoridad constitucional correspondiente. La participación de los pueblos indígenas se reduce a la simple opinión. La opinión no tiene ningún carácter vinculatorio”.

Se trata, atajó, de repetir la historia de subordinación y de tutela a la que han sido sometidos estos mexicanos desde la conquista española. Se pretende darles atole con el dedo. No sólo los Congresos estatales rechazaron la reforma Constitucional de 2001. Los municipios y organizaciones indígenas presentaron más de 300 controversias constitucionales.

Por su parte, el Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, Javier Manzano Salazar, explicó que la reforma consta de cuatro puntos sustanciales: establecer el interés públicos en los programas para mejorar las condiciones de las comunidades integrantes de pueblos indígenas y sus espacios para la convivencia y recreación; determinar que las entidades federativas y los municipios que promoverán dichos programas lo harán en consulta de las comunidades; fijar que las entidades federativas convengan con la federación y municipios la ejecución de programas especiales de mejoramiento y asentamiento humano en comunidades con la consulta a éstas ultimas, así como facultar a los municipios a suscribir convenios en materia de asentamientos humanos.

Hay que reconocer, dijo, que desde las facultades del ordenamiento Constitucional vigente estas adecuaciones son viables e incluso propositivas toda vez que intentan ampliar los sujetos de la propia ley haciendo ecos de derechos ya señalados. No olvidemos que el objeto principal de esta ley es asegurar la concurrencia de los tres niveles de gobierno para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional.

Sin embargo, aseguró, los pueblos indígenas requieren históricamente del reconocimiento pleno de sus derechos, de libre determinación, para representar y gobernarse como ellos desean. Desde esta óptica establecer el ‘interés público’ de los programas de las comunidades es insuficiente. Se queda como una simple consulta no vinculatoria a los decisiones de los poderes de gobierno que da prioridad al desarrollo urbano.

Durante su participación, la diputada panista Margarita Chávez Murguía, integrante de la Comisión, aseguró que “estas reformas y adiciones atienden el rezago de los pueblos y comunidades indígenas coadyuvando para que las comunidades rebasen el atraso en materia de infraestructura y servicio que las ponen en desventaja respecto al resto de la población de este país”.

Permitirán, afirmó, la aplicación de recursos adicionales, poniendo énfasis en la participación y toma de opinión de las comunidades. Se institucionaliza la obligación gubernamental de consultar e incorporar la opinión indígena en los procesos de elaboración y ejecución de programas desarrollo urbano.

“Se abren las puertas a las comunidades indígenas para convertirse en actores centrales de su desarrollo. Lo anterior es un real avance aun con todas las consideraciones presentadas por quienes se oponen a las reformas”, concluyó.

Para la diputada priísta Sofía Castro “las reformas aprobadas significan atender uno de los reclamos de las comunidades indígenas del país, ya que faculta a los municipios a realizar convenios a favor de objetivos y prioridades que beneficien a comunidades indígenas, además de clarificar la relación de una comunidad dentro de un pueblo indígena”.

La legisladora hizo un llamado al Ejecutivo Federal para “fortalecer los planteamientos de desarrollo urbano que tienen los pueblos indígenas de nuestro país y etiquetar los recursos necesarios para este alcance que hoy se le da en esta ley pueda tener resultados en los hechos de manera contundente”.

EF/GG