Diputados del PRD, integrantes de la Comisión de Energía, denunciaron que los llamados contratos Alianza, con los que Pemex pretende abrir al capital extranjero la explotación de crudo con el argumento de la supuesta incapacidad técnica y financiera de la paraestatal para hacer esa tarea, constituiría la coronación de las intenciones privatizadoras de la administración del presidente Vicente Fox.

Lo anterior, luego de que la semana pasada, en el marco de la Exposición Internacional de Tecnología Petrolera, Alfredo Guzmán, subdirector de la Región Norte de Pemex Exploración y Producción, informó "actualmente se están diseñando varios contratos de servicios múltiples para extraer crudo" en la Región de Chicontepec, Veracruz.

Por tal motivo, la diputada Rosa María Avilés, informó que presentará un punto de acuerdo mediante el cual solicitará a Petróleos Mexicanos una copia certificada de las cláusulas de los contratos "Alianzas" que, presuntamente, entregarían el control de los pozos a las empresas extranjeras y para que después PEMEX compre el producto.

Francisco Carrillo Soberón, secretario de la Comisión de Energía, aseguró que esta situación representa más riesgo que el que significa la explotación de gas natural en la Cuenca de Burgos, toda vez que la paraestatal aporta el 40 por ciento de los recursos fiscales que obtiene el Gobierno Federal, y que en primera instancia, la administración se debería enfocar en ampliar la captación de más recursos y en resolver el grave problema de robo de combustibles.

Comentó que en los próximos días buscará, junto con los senadores, constituirse en Conferencia Parlamentaria para discutir los temas urgentes de Pemex, como son su nuevo Régimen fiscal y la situación de los Contratos de Servicios Múltiples (CSM).

Por su parte, el diputado Jorge Martínez Ramos, anunció que en la sesión de mañana presentará un punto de acuerdo para solicitar la destitución inmediata de Luis Ramírez Corzo, Director General de Pemex, toda vez que estando los CSM en proceso judicial y pudiendo haber responsabilidad administrativa y penal contra altos funcionarios, está promoviendo la andanada privatizadora a través de estas nuevas figuras contractuales.

AZ