El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó realizar un exhorto al Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, a dar continuidad y acelerar el proceso de extradición de Jean Touma Hanna Succar Kuri, alias Johnny, por delitos cometidos en el país contra niñas y niños mexicanos.

El punto de acuerdo fue propuesto por la diputada María de Jesús Aguirre, quien exigió que también tengan celeridad "las investigaciones relacionadas con el resto de las personas mencionadas por los testigos como implicadas en la red de abuso sexual y pornografía infantil descubierta en Cancún en noviembre de 2003".

El libanés naturalizado mexicano, explicó la diputada priísta, fue detenido en Arizona el 5 de febrero de 2004. Esta red es considerada como la segunda más amplia de las que se han detectado en México, involucrando a más de 18 mil menores procedente de diversos países, encargada de abastecer de material pornográfico infantil al mercado norteamericano.

"A lo grave del caso debe sumarse el hecho de que entre los presuntos implicados, tal y como lo declararon algunas de las víctimas y testigos, se encuentran servidores y ex servidores públicos, así como un conocido empresario, también de origen libanés", agregó.

Por ello, continuó, a pesar de que la PGR ya solicitó la extradición de este individuo, por ser un caso que involucra a servidores y ex servidores públicos, es susceptible de ser objeto de presiones de ambos lados de la frontera o de prestarse a un manejo político.

"Actualmente no se sabe el estado en que se encuentra el proceso de extradición, siendo innegable que Succar Kuri debe ser entregado a las autoridades mexicanas, pero esa es únicamente una de las dos caras de la moneda, pues como ya se sabe, no actuó solo; la otra parte en la búsqueda de justicia por este caso es determinar la responsabilidad en la que incurrieron las demás personas que aparecen mencionadas en la indagatoria", afirmó.

Es de fundamental importancia, dijo, que coadyuvemos a la pronta resolución de este caso para otorgarle justicia a las víctimas afectadas por este terrible delito que seguramente dejará secuelas imborrables en el desarrollo de sus vidas por el hecho de haber sido cometidos cuando eran menores de edad.

"Estos delitos son considerados, además, una violación a los Derechos Humanos, tal y como lo establece el Protocolo Facultativo contra la Explotación Sexual Infantil de la Convención sobre los Derechos del Niños, ratificado por México. Significa un paso más del Estado mexicano en la lucha por erradicar la explotación sexual infantil, tanto comercial como no comercial, y, en un nivel más amplio, en la lucha por garantizar a los ciudadanos la seguridad que nos exigen ante el constante aumento de la violencia y la delincuencia organizada en nuestro país", concluyó.

Por su parte, el diputado panista Guillermo Tamborrel, denunció diversas violaciones en la conformación de la averiguación previa al no garantizar la protección de la identidad y dignidad de las víctimas, niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de señalamientos al ser ventiladas sus fotografías y sus domicilios a los medios de comunicación por parte de autoridades locales.

"Fueron usados como carnada para conseguir elementos para la consignación de la averiguación respetiva. Por ello, y a fin de que se esclarezcan tan lamentables hechos a la brevedad posible, consideramos necesario acelerar el proceso de extradición, así como las investigaciones, permitiendo con esto que la persona pueda ser sometida a los órganos competentes de impartición de justicia", concluyó.

EF/SR