Debido al supuesto fraude cometido por el gobierno local en las elecciones de Baja California Sur, el pasado 6 de febrero, denunciadas por el PRI y PVEM, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo a fin de exhortar a la Fepade y a la PGR, para que, en ejercicio de sus facultades, investigue los presuntos delitos cometidos por Leonel Cota Montaño, gobernador con licencia del estado, y sus colaboradores; valore las denuncias y las pruebas aportadas al respecto por la oposición y, en su caso, ejercite acción penal contra quien resulte responsable.

También se exhorto a la Secretaría de Gobernación a que intervenga, en la medida de sus facultades legales, en la solución del conflicto político que actualmente se presenta en Baja California Sur, de tal forma que pueda prevenirse que éste derive en violencia o en represión contra los ciudadanos sudcalifornianos que disienten del actual gobierno estatal.

El punto de acuerdo fue avalado por los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PVEM, bajo las consideraciones de que "en abierta violación a la legalidad, Cota Montaño operó, paralelamente a la del candidato de su partido a la gubernatura, una campaña de estado, en beneficio de éste, quien, como se sabe, es a la vez su primo, Narciso Agúndez Montaño".

Así, establecieron, la alteración del número de boletas por casilla, la falsificación de actas de escrutinio y cómputo, la introducción de boletas apócrifas en las urnas, la sustitución ilegal de funcionarios de casilla, la realización extemporánea de encuestas, la compra e inducción del voto, la intimidación a electores por medio de la Policía Estatal, la exaltación de la reducida obra de gobierno en los medios de comunicación el mismo día de la jornada, constituyeron violaciones a la normatividad electoral del estado, que caracterizaron el proceso.

"En esa entidad federativa existe un ambiente de incertidumbre, irritación e impotencia, al saber que la soberanía que reside en el pueblo fue burlada por Cota Montaño, quien mediante la represión, la intimidación y el tráfico de influencias, alteró los resultados electorales y sometió a sus intereses personales y de grupo al instituto estatal electoral de Baja California Sur, que se apresuró a legitimar el fraude", aseguran.

El coordinador del grupo parlamentario del PRD, Pablo Gómez Álvarez, cuestionó, luego de la afirmación de que el candidato electo es primo del gobernador, "¿y si lo fuera qué? Hay gente que apadrina y asume como sus ahijados a gente que nada tiene que ver con su familia ¿y eso qué?"

Aquí, aseguró, lo que discutimos es una cosa completamente diferente: los dos partidos que perdieron la elección piden que se anule. Lógico. Y cuál es el valor de la resolución que se va a tomar: ninguno. Los dos partidos que perdieron le piden a un Tribunal que anule la elección. No hay Magistrado que les haga caso. Así será.

"Todo esto es una perdedera de tiempo. Para eso hubo una Reforma Electoral convertida en órganos electorales y Tribunal. Ya estuvo bueno de estar discutiendo eso en esta Cámara", concluyó.

Por su parte, el priísta Alberto Aguilar Iñárritu afirmó que "lo que aquí discutimos es si vamos a defender la soberanía de Baja California Sur. Se trata de un asunto de democracia no de partidocracia, tampoco de grupos de interés".

En efecto, dijo, es una pena que sigamos discutiendo en esta Cámara la imposibilidad de tener democracia en muchos estados. Es una pena que lo avanzamos en la federación no estemos dispuestos a respetarlo en los estados y esto es un caso.

"Lo que estamos discutiendo es cómo se violó la ley en Baja California Sur. No hay transparencia, certeza, legalidad e imparcialidad. Eso violenta la soberanía de un estado y sí es motivo, de nosotros, discutirlo", finalizó.

EF/SR