El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó tres puntos de acuerdo a fin de combatir la violencia contra las mujeres en el país.

El primero de ellos, un exhorto a la Procuraduría General de la República a crear una Fiscalía Especializada en Delitos Violentos en contra de la Mujeres, la cual deberá participar, en coordinación con las instancias competentes, en la elaboración y ejecución de los programas federales y locales para la prevención y eliminación de la violencia hacia las mujeres y tendría nivel de Subprocuraduría.

La Presidenta de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana, Marcela Lagarde y de los Ríos, aseguró que el propósito es "avanzar en el cumplimiento de los compromisos que tenemos como Estado Integrante de la Convención Belem do Pará y de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer".

De conformarse la Fiscalía actuaría "con plena autonomía, con la responsabilidad de conocer de los delitos violentos en contra de las mujeres que afecten de manera grave y sistemática los derechos humanos o bien, afecten a varias entidades, sean de alto impacto social, exista concurso de delitos federales y locales o esté involucrada la delincuencia organizada", según establece el propio Punto de Acuerdo.

Además, "determinar la incompetencia, la reserva y el no ejercicio de la acción penal; interponer los recursos pertinentes; ordenar la detención y, en su caso, la retención de los probables responsables en los términos del artículo 16 Constitucional, así como intervenir en los juicios de Amparo".

Por información obtenida de fuentes oficiales, explicó, como la Procuraduría General de la República, Procuradurías estatales, Comisiones Estatales de Derechos Humanos, Institutos Estatales de Mujeres, así como de organizaciones de la sociedad civil y notas periodísticas, se ha documentado un alarmante aumento en los homicidios dolosos contra las mujeres.

A pesar de ello, la diputada reconoció que "no se puede hablar de una cifra exacta, porque no existe una investigación que contemple el índice real de violencia contra las mujeres. Entre otras cosas porque no se investigan todos los tipos de agresión".

En el estudio realizado por el INEGI, dijo, en conjunto con el Instituto Nacional de las Mujeres el año pasado, solamente contempla el índice de violencia en mujeres con pareja en el último año de su vida y no incluye todas las entidades federativas. Sin embargo, este tema es mucho más amplio, la violencia contra las mujeres inicia desde el nacimiento y se podría decir que desde antes.

"Aún en las investigaciones que sí se han hecho aunque sea en un tipo de violencia existe un subregistro muy alto porque para muchas mujeres el tema de la violencia es muy delicado, entre otras cosas porque la sociedad las culpabiliza de la violencia que reciben. Entonces muchas no reconocen la agresión a las que son sujetas", destacó.

El segundo Punto de Acuerdo es un exhorto a la PGR y a la Procuraduría de Quintana Roo, a que realicen las actuaciones necesarias para proporcionar protección permanente y eficaz a todas las mujeres que trabajan en el Centro Integral de la Atención a las Mujeres de Cancún.

Lo anterior, explicó la diputada Blanca Gámez, promotora del Punto, a partir de que la presidenta de este Centro, Lydia Cacho y su equipo "han sido constantemente objeto de amenazas y hostigamiento por parte de los agresores de las mujeres y niñas a quienes ayuda".

En noviembre pasado, explicó, comenzó a ser hostigada y a recibir amenazas de muerte, específicamente por apoyar la denuncia contra una banda internacional de corrupción de menores y pornografía infantil, encabezada por el libanés nacionalizado mexicano, Jean Succar Kuri.

Lagarde y de los Ríos, destacó que además de estas acciones "se requiere, desde luego, una política de Estado para la atención de los refugios, para la creación de un modelo nacional de atención a las mujeres en riesgo y a sus hijos".

El tercer y último punto, relacionado con el anterior, exhorta a los Congresos locales a sumarse a la campaña nacional de apoyo a los refugios de mujeres: "Por la seguridad de las mujeres defendamos los refugios", campaña de cooperación y coordinación de éstos para apoyar a las Organizaciones de la sociedad Civil que trabajan en este ámbito.

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