El pleno de la Cámara de Diputados rechazó un trámite de urgente resolución de un punto de acuerdo que pretendía exhortar al jefe del Gobierno del Distrito Federal a abstenerse de utilizar recursos públicos con fines políticos, por lo que fue turnado a la Comisión del Distrito Federal para su análisis.

El punto de acuerdo, propuesto por el diputado Jorge Triana Tena, del PAN, no alcanzó la mayoría calificada, por lo que no se consideró de urgente resolución al contar con 163 votos a favor, 99 en contra y 128 abstenciones.

El documento plantea que la Cámara de Diputados haga políticamente responsable al jefe del Gobierno de cualquier acto de violencia que resulte de las “virulentas” declaraciones que el funcionario realiza en torno al juicio de procedencia que se sigue en su contra.

Además considera solicitar a Andrés Manuel López Obrador deje distraerse en asuntos ajenos a su desempeño como responsable de la función ejecutiva del gobierno de la capital, y “ocuparse de solucionar los problemas públicos que los habitantes de la Ciudad de México padecen”.

Para fundamentar lo anterior, el diputado Triana Tena, dijo que López Obrador utiliza todos los días sus conferencias con los medios de comunicación, en su calidad de jefe del Gobierno del DF, y la infraestructura del gobierno local para hablar poco de los problemas de la ciudad.

“No ha escatimado el Jefe de Gobierno capitalino oportunidad alguna para utilizar el aparato gubernamental de la ciudad con fines eminentemente políticos y en la medida en que se aproxima la fecha para que la Sección Instructora presente al Pleno el dictamen correspondiente para determinar si ha o no lugar a proceder contra el inculpado, se han incrementado las acciones que desde el Gobierno del Distrito Federal se emprenden, utilizando recursos humanos y materiales, para lucrar políticamente con este asunto”, reiteró.

Recordó que el 17 de febrero varios medios de comunicación revelaron que en distintas áreas del gobierno capitalino y delegaciones perredistas exigieron a los funcionarios aportar entre el 10 y el 30 por ciento de su salario mensual para pagar la “peje-campaña”.

“Los habitantes de la Ciudad de México no le pagamos un sueldo a Andrés López y sus subordinados para hacer campaña desde el Gobierno de la ciudad, sino para la prestación eficiente de servicios públicos y de solución a los graves problemas de la capital, como la creciente inseguridad pública, el permanente desempleo, el deficiente transporte público o la incesante contaminación”, enfatizó.

Para hablar en contra del punto de acuerdo subió a tribuna el coordinador del PRD, Pablo Gómez, quien dijo que el asunto se trata de un litigio político, y agregó que si la Procuraduría General de la República solicita el desafuero de un jefe de cualquier estado, el gobierno que dirige es el afectado, así como los ciudadanos.

Aseguró que de haber votado a favor el trámite de urgente resolución sin haber sido analizada en Comisión, sería considerar implicaciones que trascienden a la ciudad y se inscriben en cualquier nivel de gobierno.

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