Ante la falta de consensos con el Ejecutivo Federal, la Cámara de Diputados interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que invalide 31 artículos del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, por invadir facultades del Poder Legislativo, informó la diputada Clara Brugada Molina (PRD).

Señaló que dicho reglamento es un “asunto heredado” de la ex secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota, quien no tomó en cuenta la opinión del Legislativo.

Indicó que pretendieron abordar el asunto con la nueva titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) Ana Teresa Aranda, en diversos momentos, desde que se publicó el reglamento, e “incluso tuvimos una reunión, el PRD, con ella, en su primera comparecencia, sin embargo, no hubo respuesta”.

La legisladora, integrante de la Comisión de Desarrollo Social, apuntó que hay un “doble discurso” por parte del Ejecutivo Federal. “Nada más busquen, todas las veces que han hablado de la Ley General de Desarrollo Social y son para hablar bien de la ley, pero en la práctica no la cumplen y muestra de ello es el reglamento”.

Dijo que uno de los temas controvertidos es la medición de la pobreza, la cual tiene un carácter político-electoral por parte del Ejecutivo Federal al señalar que ha disminuido y además otorga esa facultad a la Sedesol.

Sostuvo que Vázquez Mota dejó la dependencia para incorporarse a la campaña presidencial del panista Felipe Calderón Hinojosa y utilizar los programas sociales.

“Tenemos una serie de datos que pronto haremos públicos, de cómo la Secretaría de Desarrollo Social está utilizando programas sociales con fines electorales a favor del PAN”, precisó.
Julio Boltvinik (PRD), secretario de dicha comisión, indicó que la controversia, interpuesta el jueves pasado, fue aceptada por la corte quedando suspendidos temporalmente los artículos que violan la Ley General de Desarrollo Social, con el objetivo de evitar daños a la población.

Detalló que dicho reglamento otorga a la dependencia atribuciones para medir la pobreza e integrar el padrón de beneficiarios de los programas, además de que éstos sólo atenderán a los pobres extremos, lo cual, dijo, es indebido.

“Lo que realmente quiso hacer la Sedesol en el Reglamento no fue reglamentar la Ley General de Desarrollo Social, sino legitimar las prácticas que venía realizando desde el 20 de enero de 2004, fecha en que se publicó en el Diario Oficial”, sostuvo.

Por su parte, Rafael Flores (PRD), también integrante de la Comisión de Desarrollo Social, subrayó que el objetivo es restituir la división de Poderes, ya que no puede ser que el Ejecutivo Federal legisle limitando la facultad del Legislativo.

“El reglamento va mucho más allá de la ley, lo excede y delimita brutalmente. Queremos que se ciña al espíritu de la ley y que no guíe a un reglamento en que la Sedesol recupere atribuciones que el Ejecutivo ya le quitó” refirió.

Precisó que se pretende quitar del reglamento la focalización de los programas por los magros resultados e informó que se reunieron con la titular de Sedesol para manifestar la necesidad de no “judicializar” la política social, pero la funcionaria se negó y dejó a los ministros la responsabilidad de decidir en el tema.

“Creemos que los diputados y los secretarios de Estado estamos para hacer política, y la política es nuestra herramienta principal para llegar a acuerdos y entendernos. Lamentamos muchísimo que la secretaria Ana Teresa Aranda se haya negado a hacer política y diga que sean los tribunales los que resuelven”, precisó.

Por su parte, en declaraciones a la prensa, el líder del Grupo Parlamentario del PAN, José González Morfín, dijo que la corte aceptó la controversia y la suspensión de algunos actos reclamados, pero no se ha resuelto el fondo del asunto.

“Que bueno que vivimos en un país donde hay división de poderes y la posibilidad de que cuando se presente una controversia entre dos poderes distintos, en este caso el Ejecutivo y el legislativo, pues haya un tercero que pueda resolver”, indicó.

SH