A fin de garantizar un sistema de seguridad social para la población de 70 años o más, el diputado Miguel Alonso Raya (PRD), presentó al pleno una iniciativa con la que se pretende crear la Ley de Pensiones no Contributivas para las Personas de Setenta Años de Edad o Más.
Al sustentar la iniciativa, el presidente de la Comisión de Seguridad Social dijo que México carece de un sistema de seguridad social para amplios sectores de la población cuyas necesidades no son atendidas prácticamente por ninguna institución.
Las pensiones no contributivas serían un pilar fundamental de la protección social contra los riesgos que conducen a las familias a la indigencia y a la pobreza, agregó.
Consideró que dichas pensiones son una opción para mejorar la cobertura en los adultos mayores, y agregó que estas pensiones vigentes en diversos países, se caracterizan por otorgar prestaciones monetarias asociadas a situaciones de pobreza y carencia.
El diputado agregó que las políticas actuales de seguridad social resultan cada vez más limitadas ante el mercado de trabajo, las tendencias poblacionales y epidemiológicas y la situación financiera de los gobiernos.
La falta de cobertura en la seguridad social afecta a sectores que crecen en proporción mayor que la población en general, tan sólo, el 20 por ciento de los adultos mayores reciben una pensión.
Es por ello, señaló el perredista, existe la necesidad de garantizarles un ingreso ante la imposibilidad de que lo obtengan por sus propios medios.
Aseveró que la aplicación de esta pensión a nivel nacional tendría un costo de 33 mil millones de pesos anuales, el cual iría incrementándose hasta alcanzar los 200 mil millones de pesos por año. El valor presente de una pensión de este tipo equivaldría a 3 mil millones de pesos de 2005 (39.4 por ciento del PIB) y significaría aumentar en 64.2 por ciento las obligaciones actuales en materia de pensiones del gobierno federal.
Siendo críticos y responsables, señaló, por razones de equidad y viabilidad financiera, consideramos que en el nivel nacional debe aplicarse un modelo de pensión no contributiva con criterios de selección, esto no significa dejar de lado la universalización del derecho a un ingreso al perder, por edad, las facultades para obtenerlo por el esfuerzo propio.

La pensión normada por esta ley se entregará a las personas de setenta años o más residentes en territorio nacional que se encuentren en situación de pobreza, de acuerdo a los criterios previstos en la Ley General de Desarrollo Social.
El financiamiento de la mencionada pensión corre a cargo del gobierno federal, mediante contribuciones generales que serán especificadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en el ramo general 19, Aportaciones a la Seguridad Social.
Con esta propuesta, se busca dotar al Estado de los instrumentos que garanticen, con realismo, pero también con equidad, la existencia de un instrumento que sea la base para hacer realidad el derecho humano a una seguridad social universal, equitativa y viable social y financieramente.
El Proyecto de decreto de Ley de Pensiones no Contributivas fue turnado a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, de Atención a Grupos Vulnerables y de Seguridad Social.
DJ