La presidenta del grupo de Trabajo de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación Beatriz Mojica Morga (PRD) presentó una iniciativa de ley, a objeto de legislar a nivel federal los delitos, agresiones y crímenes contra informadores, con el propósito de hacer valer el ejercicio de la libertad de expresión.

Las reformas que derogan los artículos 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362 y 363 del Código Penal Federal, y adiciona los párrafos sexto, séptimo y octavo al artículo 1916 y los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 1916 Bis del Código Civil Federal, proponen a grandes rasgos, despenalizar los delitos de prensa así como establecer sanciones de tipo civil a quienes traten de censurar la libertad de expresión.

En tribuna, la legisladora aseguró que ante el asesinato y secuestro de periodistas y las múltiples amenazas e intimidaciones de que son objeto es necesario un marco jurídico que garantice adecuadamente la libertad de expresión de informadores y medios de comunicación

Dijo que a pesar del reconocimiento que otorga nuestra Constitución, los instrumentos internacionales y las decisiones de órganos internacionales, el derecho a la libertad de expresión en nuestro país se encuentra amenazado.

Destacó que dicha reforma es producto de una serie de varios foros por todo el país en los que se urgió en la necesidad de que se avance en la legislación para despenalizar la calumnia y la injuria.

Subrayó que el ejercicio periodístico en nuestro país se ha convertido en una de las profesiones más riesgosas en la actualidad, pues de acuerdo con información recopilada por organizaciones defensoras de derechos humanos, en el año 2000 se registraron 101 casos de amenazas o agresiones directas a comunicadores, en el 2001 se registraron 126 casos, en el 2002, 100 casos, en el 2003, 76 y en el 2004 se contabilizaron 92 actos, entre los cuales destacó los 19 homicidios durante los últimos seis años.

Dijo que después de la labor de investigación y análisis realizada por dicho grupo de trabajo, se puede señalar que si bien los asesinatos, secuestros e intimidaciones son la principal manera de coartar la libertad de expresión e información, las restricciones legales existentes son el principal obstáculo institucional para el pleno y efectivo reconocimiento y ejercicio de este derecho.

Argumentó que para lograr una defensa férrea de la libertad de expresión y garantizar que este importante derecho se pueda ejercer en beneficio de la sociedad, es necesario contar con una legislación adecuada y protectora de los ejercicios democráticos consagrados en los artículos 6o. y 7o. constitucionales.

Dejó en claro que no compete a esta iniciativa clarificar los criterios y las concepciones de tan amplios derechos como el honor y la vida privada, pues esto sería materia de una legislación especial en la materia.

La iniciativa de turno a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su análisis.

MB