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Nota N°. 3334 LA ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA NAPOLEÓN GÓMEZ SIN TINTES POLÍTICOS: PGR

Daniel Cabeza de Vaca Hernández, Procurador General de la República, afirmó la posibilidad de llevar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a funcionarios públicos que cometan delitos contra la administración de la justicia.

En junta de trabajo con las Comisiones de Equidad y Género y Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana, Cabeza de Vaca Hernández rechazó saber si las autoridades que han “tapado” a feminicidas hayan cometido un delito federal pero impugnó contra la impunidad.

La diputada Eliana García (PRD) cuestionó la aplicación de la ley a funcionarios públicos implicados en negligencia y delitos contra la administración de la justicia. Algunas autoridades – sostuvo – están siendo juzgadas por el fuero común cuando existe un delito federal.

Reconoció que el caso entre Lydia Cacho y el Gobernador de Puebla, Mario Marín, está en manos de la Fiscalía Para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de Periodistas y se analiza la posibilidad de hacer un desglose a la Fiscalía para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres en el País a cargo de Alicia Pérez Duarte.

Añadió que no se trata de irreconocer por anticipado la falta de delitos cuando no está hecha una investigación, “no se puede asegurar la ausencia de delitos federales en este caso, ya que aunque no es clara la competencia federal, se están conociendo e investigando elementos para establecer a quien compete” acotó.

Cabeza de Vaca Hernández destacó que sería la primera vez que la Procuraduría General de la República (PGR) tome una acción parecida para buscar justicia, ya que se quiere “encontrar criterios internacionales más justos para responsabilizar a estos servidores públicos y ver si con los nuevos tratados suscritos por México logramos que se apliquen las sanciones correspondientes”.

Entrevistado a la salida de la reunión, el Procurador rechazó que el llevar a la Corte Interamericana el caso, se deba a que las autoridades no tengan capacidad para resolver este problema, sino se trata, de un problema jurídico de competencias, ya que se respeta la soberanía de los Estados pero se está apelando a tratados internacionales fijados por México para lograr justicia por encima de leyes secundarias.

Negó que la orden de aprehensión contra Napoleón Gómez Urrutia tenga matices políticos, ya que la denuncia fue presentada dos o tres días antes del incidente y se inició el proceso “porque hasta ahora se decidieron los miembros de su sindicato a denunciarlo“, agregó.

Precisó que se tienen denuncias contra el ex-líder en la PGR, en la Procuraduría General de Justicia de Coahuila y del Distrito Federal entre otras violaciones, por delitos financieros y probable lavado de dinero, argumentando que no se le detuvo antes debido a que los delitos que se le imputaban no habían sido comprobados.

Respecto al caso de Raúl Salinas de Gortari, acotó que en México no se le persigue por lavado de dinero, pero la PGR está esperando que Suiza y Francia les envíe información probatoria. Al recibirla se les dará curso legal.

AC

 
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