Con 368 votos a favor, 0 en contra y 9 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la expedición de la Ley de Vivienda, con la que se busca fortalecer los mecanismos para que familias de escasos recursos tengan acceso a la compra de casas-habitación.

La legislación tiene por objeto regular la política nacional, programas, instrumentos y apoyos para que las familias puedan disfrutar de una vivienda digna y decorosa, además de que incorpora los principios de no discriminación, el mejoramiento de la misma y, particularmente, los de producción y productor social de la vivienda.

El dictamen concuerda con el proyecto de Ley de Vivienda, enviado por la Cámara de Senadores, en su estructura, y coincide con numerosos contenidos tales como: la denominación de Ley de Vivienda, el reconocimiento del Sistema Nacional de Vivienda; la creación de una Comisión Intersecretarial y la determinación de las facultades del Consejo Nacional en la materia.

Se establecen regulaciones referentes al crédito, al ahorro y al subsidio; las normas para la calidad y sustentabilidad de la vivienda y la necesidad de atender el suelo y producción social de vivienda, así como la creación de la Comisión Nacional de Vivienda como un organismo público descentralizado no sectorizado, que integre y consolide las atribuciones y políticas del Gobierno Federal en la materia.

La nueva ley propone que los gobiernos de los estados expidan sus respectivas leyes en la materia, en las que se reconozca su responsabilidad y compromiso en la solución de los problemas habitacionales de sus comunidades.

En tribuna, el presidente de la Comisión de Vivienda, Roberto Pedraza (PRI), indicó que se trata de una decisión trascendental para el pueblo de México, ya que mejora el mercado de vivienda nacional y ofrece nuevas oportunidades para quienes viven en situación de extrema pobreza.

“El desarrollo económico y humano no puede divorciarse de la política de vivienda, la cual significa una parte esencial de nosotros mismos”, precisó.

Clara Brugada Molina (PRD) indicó que su fracción parlamentaria considera que dicho proyecto es un avance, sin embargo, “no representa el instrumento jurídico que se requiere para garantizar a todos los mexicanos el acceso al derecho constitucional de la vivienda”.

“Quedaron asignaturas que deben ser corregidas, tal es el caso del financiamiento de la política de vivienda, donde no se establecen criterios ni mecanismos que garanticen la inclusión de partidas presupuestales específicas para abatir el déficit habitacional y políticas de financiamiento a los sectores de la población de menores ingresos que se encuentran excluidos de las estrategias implementadas por el actual gobierno”, indicó.

Apuntó que falta garantizar, por ley, el aumento de los recursos en una política nacional de vivienda, así como generar un sistema que establezca la concurrencia de Federación, Estados y Municipios en la materia.

Está pendiente, subrayó, otorgar el carácter general a la Ley de Vivienda; revisar la estructura funcionamiento y operación de los organismos nacionales actualmente, dijo, “convertidos en entidades financieras hipotecarias, sin responsabilidad en materia de planeación y regulación de los procesos de producción de vivienda” y reformular las políticas de financiamiento, particularmente, la concerniente con el crédito para los productores sociales y la creación de una secretaría de vivienda.

Sin embargo, subrayó, que con la Ley General de Desarrollo Social se puede garantizar que los programas de vivienda tengan, año con año, un aumento en los recursos públicos.

“(…) Se incluyeron los criterios del derecho a la vivienda; la producción social de vivienda con un carácter vinculatorio; se replanteó la estructura del Consejo Nacional de Vivienda cuidando que su integración se efectuará de acuerdo a los principios de pluralidad y equidad, a fin de superar la actual sobrerepresentación empresarial”, sostuvo.

Destacó la inclusión del apoyo a la vivienda rural e indígena, así como los criterios para la operación de programas emergentes de vivienda ante desastres.

Por su parte, Francisco Isaías Lemus (PAN), también integrante de la Comisión, sostuvo que la vivienda ha constituido un indicador básico del bienestar de la población y la base del patrimonio familiar.

Precisó que este sector ofrece la más completa red ante contingencias y amenazas, además de ser un importante generador de empleo.

“El artículo 4 constitucional, en su párrafo quinto, refiere que la vivienda es una garantía social a favor de las familias, que tiene por objeto que las mismas gocen de una vivienda digna y decorosa, sin embargo, ello no ha sido posible para un gran número de mexicanos”, añadió.

Indicó que el rezago sobre la problemática de la vivienda es complejo, ya que presentan dimensiones económicas y políticas que se concatenan.

“Es de destacar que a pesar de la problemática, hay avances muy importantes, por lo que es necesario fortalecer y consolidar la política y los programas de gobierno para abatir el rezago habitacional existente en nuestro país, que actualmente se ubica en más de cuatro millones de viviendas”.

Apuntó que durante la actual administración federal se ha producido “una verdadera revolución en materia de vivienda” que benefició de manera directa a más de diez millones de mexicanos.

SH/MB