La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados pedirá a la Junta de Coordinación Política, solicite a comparecer a los titulares de las Secretarias de Gobernación, Semarnat y Marina o en su caso a funcionarios de esas dependencias, a fin de que aporten la información necesaria sobre la posibilidad de cambiar el estatus jurídico de las islas pertenecientes al territorio nacional.

Luego de una reunión de trabajo en la que se discutió el proyecto de decreto que pretende reformar el artículo 48 Constitucional, a objeto de que las islas, los cayos e islotes que pertenezcan al territorio nacional y que se encuentren a 12 millas náuticas de la costa de cada uno de los estados ribereños pasen a ser jurisdicción de los estados y municipios, el presidente de la comisión Cuauhtémoc Frías Castro (PRI) consideró viable la comparecencia de los funcionarios.

“Vamos a tratar de que sean los que ayuden a aportar la información necesaria que esta comisión necesita para poder dictaminar esta iniciativa”, dijo.

Consideró el tema de suma importancia, toda vez que el territorio de las islas que se encuentran en litorales mexicanos, equivale a siete estados de la República.

Explicó que en la comparecencia del titular de la Secretaria de Gobernación se le cuestionará sobre posibilidad de que esta propuesta afecte la seguridad nacional y pública.

Con respecto a la Semarnat, el priísta dijo que la dependencia deberá explicar los posibles impactos ambientales que pudiera presentarse.

En el caso de Marina, para conocer si le interfiere en sus labores de vigilancia, “si tiene algún criterio que se debe sustentar, ante la posibilidad de cambiar dicho estatus jurídico”.

Por su parte el autor de la propuesta, el diputado Alberto Aguilar Iñarritu (PRI) dijo que esta medida contribuiría a forjar un nuevo federalismo, ya que al quedar bajo la jurisdicción de las entidades ribereñas las islas adyacentes a sus costas, el gobierno Federal cedería espacios reales de acción a los estados, lo que se traduciría en el fortalecimiento del pacto federal.

“En vigorizar el proceso de descentralización en marcha, en aprovechar un recurso que significaría la creación de muchas fuentes de trabajo, lo que significaría mayor bienestar para un gran número de mexicanos y, en general, en el fortalecimiento de la economía nacional”, indicó.

Explicó que las islas son tema que atañe tanto al Derecho Constitucional como al Derecho Internacional. Al primero, por tratarse de partes integrantes del territorio nacional, y al segundo, porque ha sido el Derecho de Gentes el que determinó tanto el régimen jurídico de las aguas que rodean a las islas, como el correspondiente a las plataformas insulares.

Señaló que si se hace un examen de nuestras islas, tendríamos que llegar a la conclusión de que, salvo muy limitadas excepciones, ellas se encuentran tan desoladas como en el momento en que fueron descubiertas.

Aseguró que una reforma al código fundamental en este aspecto, no sólo contribuiría a descentralizar la jurisdicción sobre las islas y darle la debida participación a los estados sobre el territorio insular adyacente a sus costas, sino también tendría como consecuencia legalizar algunas situaciones irregulares que actualmente se advierten en diversas leyes locales.

Y es que, aclaró, muchas entidades incluyen a las islas en sus Constituciones locales ú otras leyes, como parte del territorio del estado, en clara violación al artículo 48 Constitucional, dado que no ejercieron la jurisdicción que exige nuestro código fundamental.

“Es claro que en el nuevo régimen que se sugiere para el territorio insular se incluirían disposiciones que garanticen que en su administración prive un espíritu nacionalista acorde con los intereses del país y que se mantengan las medidas de conservación de aves migratorias y de otras especies que se han adoptado en algunas de ellas en años recientes”, agregó.

La iniciativa fue presentada el 23 de noviembre del 2004 y respaldada por 120 legisladores de las distintas fracciones parlamentarias.

MB