Con 262 votos a favor, 76 en contra y 4 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual entrará en vigor el próximo 1 de abril, y que establece nuevas y mejores reglas para analizar, discutir y, en su caso modificar, los paquetes económicos que el Ejecutivo Federal envía a San Lázaro anualmente.

Pese a que la minuta enviada por el Senado sólo preveía modificaciones al 1º artículo transitorio de la ley, respecto a su entrada en vigor, el diputado Guillermo Huízar (PRD), indicó que dicha disposición representa un “claro retroceso en el ejercicio de la facultad de la Cámara de Diputados”, que prevé en artículo 74 constitucional, para aprobar el presupuesto.

“No se vale estar repitiendo esta prácticas antilegislativas que ya no debieran darse en esta Cámara de Diputados de estar presentando dictámenes virtuales. No hubo ninguna convocatoria por parte de la Comisión de Presupuesto que hubiera abierto la posibilidad de debatir su contenido”, dijo.

Precisó que la disposición tiene un “propósito transexenal” en el que el nuevo presidente que tome protesta se enfrentará a un marco macroeconómico impuesto por una legislatura distinta, además de otorgar facultades al secretario de Hacienda para que haga adecuaciones presupuestarias.

“El próximo presidente va a encontrar una herencia total, una Cámara de Diputados profundamente debilitada por esta ley”, refirió.

Señaló que el 1 de abril entrará en vigor el dictamen, en el que se establecen responsabilidades fundamentales al Ejecutivo Federal, entre ellas enviar objetivos de política económica para 2007, tasa de crecimiento, porcentaje de inflación, tasa de interés y el precio del barril de petróleo.

Lo anterior, apuntó, a más de ocho meses de que la Cámara de Diputados tome su decisión definitiva.

El también secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública apuntó que referirse al artículo 17, que prevé el establecimiento por mandato de ley del déficit cero, es “hablar de mentiras, trampas y engaños al pueblo de México”, ya que se intenta imponer un límite de equilibrio en el déficit tradicional.

“No tiene sentido estar aprobando una disposición que en los hechos no sirve para nada”, afirmó.

En el artículo 31, detalló, se establece una fórmula para determinar el precio del barril del petróleo, cuando “los árabes tienen años y décadas explotando sus mantos petrolíferos y nunca han encontrado una fórmula mágica”.

Alfonso Ramírez Cuéllar (PRD) afirmó que el debate sobre el artículo 1º transitorio tiene una implicación política para el nuevo gobierno y la nueva legislatura.

“Este cambio para que la nueva ley entre en vigor el 1 de abril de 2006 no tiene otro objetivo que atarle las manos al nuevo gobierno y a la LX legislatura” añadió.

Dijo que un sector del PRI, y sobre todo los diputados del PAN, han promovido una serie de cambios con el propósito de blindar presupuestos, recursos y el funcionamiento de varias instituciones ante el temor de que el nuevo presidente de la República de un partido distinto pudiera ganar las elecciones el próximo 2 de julio.

“Lo que estamos debatiendo en el artículo 1º transitorio es simple y sencillamente el mensaje y reconocimiento explícito de que el próximo presidente de la República será Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que está en el fondo”, consideró.

“Quieren poner una camisa de fuerza al nuevo gobierno con el propósito de revisar un esquema presupuestario totalmente restringido que no le haga caso a las necesidades sociales y someterlo a una serie de criterios rígidos en el manejo de los excedentes del precio del petróleo”, indicó. .

Sostuvo que la entrada en vigor parece intrascendente, sin embargo, es “por el temor de que van a perder la Presidencia de la República”, pero, señaló, “vamos a ser mayoría en la próxima legislatura y la Presidencia de la República y vamos a cambiar esta legislación que lo único que hace es acabar con la soberanía del Poder Legislativo”.

Juan Fernando Perdomo (Convergencia) manifestó que se creó una Comisión Investigadora de los Precios del Petróleo, de la que formó parte, en la que se realizó un análisis del cálculo del precio del petróleo, sin embargo, dijo, voté en contra del artículo 31 de esta ley, porque se definen dichos precios de manera aritmética y poco convencional.

“La realidad es que los precios del petróleo no se rigen por estas fórmulas. (…) Flaco favor le vamos a hacer al país y a Pemex para que estos recursos se puedan manejar de manera discrecional por parte del Ejecutivo”, aseveró.

Cabe señalar que el dictamen, remitido al Senado el 13 de diciembre pasado, reglamenta los artículos 74, 75, 126, 127 y 134 constitucionales, referentes a la programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales.

SH