La Cámara de Diputados aprobó exhortar al Ejecutivo Federal para que, en el ámbito de su competencia, remita a su homólogo de Estados Unidos la propuesta migratoria 10-2 ó 5-1, 5-1, que presentó el diputado Roberto Pedraza Martínez (PRI) para que ese país permita el trabajo temporal de mexicanos.
La iniciativa buscar concretar acuerdos de trabajo temporales de 10 meses de labores en Estados Unidos y dos de descanso en México (10-2) o, bien, dos bloques de cinco meses allá y dos meses de vacaciones aquí (5-1,5-1) y tiene el propósito de evitar la desintegración familiar de los migrantes.
Este exhorto se votó en el Pleno a unos días de que el presidente Vicente Fox se reúna con su colega de Estados Unidos, George Bush, en el estado de Texas,
En declaraciones a la prensa, el diputado Pedraza Martínez dijo que se busca suprimir el flujo de los 400 mil connacionales que cada año cruzan al vecino país de manera ilegal.
La propuesta migratoria 10-2 ó 5-1,5-1 aborda exclusivamente el problema del tráfico ilegal hacia Estados Unidos y deja en otra discusión, "que debe ser diplomática", el problema de los connacionales que ya viven ilegalmente en ese país, indicó el legislador
Según Pedraza Martínez, es factible este esquema de trabajo temporal ya que se puede utilizar como garantía para ambos países un depósito por dos mil 500 dólares, que aproximadamente es lo que paga una persona a un "pollero" para que le ayude a cruzar la frontera de manera insegura.
"Si actualmente se paga a un pollero dos mil 500 dólares y si ese dinero se pierde al pasar la frontera, pues es mejor que sean depositados en un puesto fronterizo a manera de fianza y al regreso retribuirles ese dinero", explicó.
De esa cantidad, precisó el diputado, tendrían el descuento de 150 dólares por la visa temporal, 50 dólares por un costo de seguro médico y 50 más por el costo de un seguro de vida.
En ese tenor, explicó que habría una selección sobre quienes irían a trabajar mediante una certificación de competencia laboral, de identidad y de conducta, a través de constancias emitidas por la comunidad, la presidencia municipal, el gobierno del estado y el gobierno federal.

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