La disminución de la rentabilidad de las tierras y la degradación de los recursos naturales provoca pérdidas del orden de los 40 mil millones de pesos anuales, se advierte en la iniciativa de Ley para la Conservación de las Tierras que se estudia en la Cámara de Diputados.

De acuerdo a la propuesta elaborada por los diputados perredistas Antonio Mejía Haro y Pascual Sígala Páez, la pérdida de recursos forestales y biodiversidad, la escasez del agua y su contaminación, han alcanzado dimensiones para ser considerados problemas de seguridad nacional.

La propuesta busca crear una nueva legislación para combatir los procesos de degradación de las tierras en el medio rural, fomentar su restauración, mejoramiento y conservación, con el fin de mantener su calidad y cantidad.

La iniciativa, presentada desde octubre del año 2003, expone que el 64 por ciento de las tierras que tiene México están degradadas por erosión hídrica y eólica y que la deforestación afecta alrededor de 600 mil hectáreas anuales.

Para la discusión y ampliación de algunos apartados de la iniciativa se han realizado cinco foros nacionales de consulta en los estados de Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Yucatán y Chihuahua, y el próximo martes 29 de marzo la Comisión de Desarrollo Rural realizará el sexto foro en las instalaciones de la Cámara de Diputados.

En el documento se asegura que las principales causas de la deforestación son el cambio de utilización de las tierras para fines agropecuarios, el narcotráfico, los incendios y la aplicación de esquemas de concesiones de aprovechamiento forestal con escaso beneficio para los dueños de los recursos.

En la iniciativa se pone énfasis en que los procesos de deterioro ambiental no son consecuencia inevitable del desarrollo, sino la secuela de procesos de desarrollo insustentable, que, entre otras cosas, provocan cada año la extinción de cinco especies nativas en México.

De acuerdo al documento, la nueva legislación instrumentaría las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y enfrentaría el problema de mejorar los servicios ambientales del país.

También contempla un enfoque que apuesta a la participación de los ciudadanos y una reducción neta sustancial del costo administrativo para el erario público.

La iniciativa de ley, que contiene 94 Artículos y tres transitorios, tiene como objetivo proteger el recurso suelo y evitar el deterioro, pérdida, contaminación, o cualquier factor de degradación que disminuya la capacidad productiva de las tierras y los servicios ambientales asociados a su conservación.

Por lo que hace a la Participación Social, se establece que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales promoverá y coordinará el Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación, integrando y organizando la participación de las organizaciones de productores rurales y de la sociedad civil.

Se indica que el uso y aprovechamiento de las tierras sólo se hará sobre las bases y métodos que tiendan a mejorar su productividad, sin poner en riesgo la calidad de los recursos naturales y el equilibrio de los ecosistemas.

Cuando se construyan o modifiquen obras públicas o privadas para fines agropecuarios, forestales, pesqueros, mineros, industriales, comerciales, urbanos o de servicios, que provoquen un daño a la tierra en el área rural, se requerirá autorización de la Secretaría.

También se requerirá autorización para la realización de actividades de extracción de materiales del subsuelo; exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento de sustancias minerales, excavaciones y todas aquellas acciones que alteren la cubierta vegetal, las tierras o las cuencas.

La construcción y operación de obras de infraestructura caminera, hidráulica, conducción eléctrica o cualquiera otra que pueda causar degradación a las tierras en cualquiera de sus formas, o alterar las características hidrográficas de las cuencas, deberá hacerse de manera tal que evite dichos daños o, en caso contrario, justificar plenamente su utilidad.

El nuevo ordenamiento establece que se podrán realizar auditorías técnicas del manejo y restauración de las tierras, con el propósito de verificar el cumplimiento de las medidas de preservación de las tierras.

También se indica un capítulo de sanciones para quienes cambien la utilización de la tierra sin contar con la autorización correspondiente, incumplan compromisos de prevención de erosión y contaminación, extraigan minerales no concesibles sin las autorizaciones correspondientes; causen deterioro a las tierras o a las cuencas por construcción o modificación de obras públicas o privadas.

Para quien incurra en los supuestos anteriores se aplicará una multa de cien a veinte mil días de salario mínimo, se suspenderá o cancelará la asignación de apoyos gubernamentales; se suspenderá, modificará o cancelará la concesión, permiso, licencia y en general de todas las autorizaciones otorgadas para la realización de las actividades.

AZ/JGM