Los legisladores que se pronunciaron en contra del desafuero del Jefe de Gobierno del Distrito Federal durante el Jurado de Procedencia aseguraron que hay inconsistencias jurídicas en ese proceso y dijeron que ha predominado el interés político por eliminarlo de la contienda electoral.

En diferentes tonos, los oradores que expresaron su apoyo al Jefe de Gobierno recriminaron a los diputados del PRI que votarían a favor del dictamen, dijeron que lo que está en juego es un nuevo proyecto de nación y alertaron sobre el impacto económico que provocaría esa decisión.

En contra se pronunciaron los diputados Jesús González Schmal (Convergencia), Óscar González Yánez (PT), Roberto Campa Cifrián (PRI), Diana Bernal Ladrón de Guevara (PRD), Horacio Duarte Olivares (PRD) y Pablo Gómez (PRD).

Jesús González Schmal, quien comenzó la ronda de oradores, dijo que desde la “vertiente jurídica” la desobediencia de un auto de suspensión en el juicio de amparo no tiene correspondencia en ninguna de las 12 fracciones del artículo 215 del código Penal Federal y que de haber existido tal acto u omisión, debería tomarse como una falta administrativa “pero nunca de los nuncas, tendría significado alguno en materia penal”.

En la parte final de su intervención, el diputado González Schmal sostuvo que al no haber el delito es improcedente el dictamen. “Nos negamos a instrumentar el respeto al orden jurídico para propósitos políticos partidistas”, sostuvo desde tribuna.

El diputado Óscar González Yánez (PT) consideró que con el desafuero y sus consecuencias, el futuro económico de México es “negro”, ya que se prevé ir hacia un descarrilamiento de nuestra “precaria” economía. “Vamos al caos y desorden de nuestro país”, dijo el legislador.

Aseguró que el fondo de este tema no es solo eliminar de la contienda electoral a un individuo, sino que la verdadera intención es impedir que un proyecto de nación, distinto al que gobierna, pueda conducir los destinos de la patria.

Destacó que el proyecto de nación capitalista, neoliberal que sostiene el PRI y PAN, “tienen un alto costo para nuestro pueblo y sus consecuencias están a la vista: corrupción, desempleo, pobreza, miseria delincuencia, inseguridad, desnutrición y hambre”.

En esa lógica, González Yánez hizo un exhorto a la población para que en los comicios del 2006, los mexicanos castiguen al PRI y PAN y no les otorguen un solo sufragio el próximo año.

Mientras tanto, el diputado del PRI, Roberto Campa Cifrián, aseguró que aunque López Obrador está muy lejos de tener los atributos de estadista y que es un representante de la izquierda populista más atrasada, no comparte la decisión de sus compañeros de bancada.

Aseguró estar convencido que el juicio tiene una razón y motivación política: utilizar la ley para eliminar a un adversario fingiendo la legalidad.

“Lo que está sucediendo es producto de una decisión de quienes consideran que bajo ninguna circunstancia debe ser López Obrador Presidente de la República, no es un delincuente peligroso, es un candidato peligroso”, abundó.

Al respecto, la diputada Diana Bernal Ladrón de Guevara (PRD), expuso para demostrar la inconsistencia e improcedencia jurídica del dictamen de la Sección Instructora, aprobado el 1 de abril.

Dijo que “no se acredita la existencia del delito de violación a la suspensión, no se acredita por ende la responsabilidad del Jefe de Gobierno en la comisión del delito” y aseguró que la declaración de procedencia es una decisión de carácter eminentemente política, por lo que en ese sentido pidió se votara en contra del dictamen.

Horacio Duarte Olivares (PRD) dijo que se debía votar en contra del desafuero porque no se comprobó la responsabilidad del Jefe de Gobierno y señaló una serie de contradicciones en este proceso y cuestionó el trabajo de los tres integrantes de la Sección Instructora que aprobaron el dictamen.

Entre otros aspectos aseguró que jamás se comprobó la ubicación del predio El Encino, ni sus accesos.

Cuestionó a los legisladores del PRI e hizo un reconocimiento a los legisladores de ese partido que votaran en contra del desafuero, “a pesar de lo que digan sus jefes en turno”.

Pablo Gómez Álvarez (PRD) calificó este proceso como un despojo al Jefe de gobierno e hizo duras críticas a los diputados del PRI, a los que llamó como “reciclados vergonzantes, que ya tuvieron su oportunidad en el poder y hoy hacen lo que se les ordena, tal como fueron educados”.

“Ha quedado evidente que los accesos al predio El Encino no existían cuando se dictó la resolución de juez; no se hicieron nunca; las obras se suspendieron; la resolución del juez se cumplió y esto es una farsa iniciada por el presidente de la República”, agregó.

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