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Nota N°. 1825 DIPUTADOS QUE APROBARON EL DICTAMEN AFIRMAN QUE DEBE PREVALECER EL ESTADO DE DERECHO

Los legisladores que aprobaron el dictamen en el Juicio de Procedencia contra el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, aseguraron que jurídicamente existen elementos para proceder penalmente en su contra y dijeron que debe prevalecer el Estado de Derecho.
Rechazaron que este proceso tenga móviles políticos e indicaron que nadie aporto pruebas de que el Jefe de Gobierno no violó la suspensión que le ordenó un juez en el caso del predio El Encino.
Entre los diputados que en tribuna se pronunciaron a favor del dictamen figuran: Álvaro Elías Loredo (PAN), Jorge Romero (PRI), Federico Döring (PAN), Jorge Uscanga Escobar (PRI), Francisco Arroyo Vieyra (PRI) y Juan de Dios Castro Lozano (PAN).
Álvaro Elías Loredo (PAN) dijo que se debía considerar que el respeto al Estado de Derecho es el que va a permitir construir una mejor democracia y aseguró que jurídicamente ha quedado demostrado que existen elementos para proceder penalmente en su contra.
“Podemos aceptar como premisa la siguiente: ¡Gana los votos y haz lo que quieras!, cuando lo que realmente queremos es dejar claro que los gobernantes deben ser los primeros en sujetar su actuación al imperio de la Ley”, agregó.
La disyuntiva es simple, o dejamos claro de una vez por todas queremos que en México se respete el Estado de Derecho o dejamos constancia de que a gritos y sombrerazos cualquiera puede convertir su capricho en ley”, finalizó.
Jorge Romero Romero (PRI) dijo que “hacer cumplir las leyes, es cumplir con la obligación Constitucional en el desempeño de la representación popular, si no queremos que se nos demande”.

Como legisladores, enfatizó, venimos a defender a la Institución del Juicio de Amparo, que es la herramienta ciudadana que garantiza la libertad, la seguridad, la justicia y la democracia.

Manifestó que votar en contra del dictamen sería traicionar a los ciudadanos, a su historia, pero sobre todo al futuro posible de un México mejor.

Federico Döring Casar (PAN) hizo un llamado a la reflexión al pueblo de México, porque este es un acto de arbitrariedad de un gobernante.

Manifestó que nadie le va a arrebatar derechos políticos al Jefe de Gobierno, pero nadie ha aportado una prueba de que no violó la suspensión

“No suena muy inocente alguien que dice que se va a defender desde la cárcel, no suena muy convencido de su inocencia quien no es capaz de argumentarla jurídicamente y recurre sólo a la dialéctica política”, agregó.

“Este dictamen lo podemos votar con la cara en alto y la conciencia tranquila, no violamos el amparo, y sabemos que nuestro fuero no nos da permiso para atropellar los derechos de terceros”, finalizó.

Jorge Uscanga Escobar aseguró que el voto a favor del desafuero no obedece a ataques infundados, ni a móviles políticos o de otra naturaleza, sino es estrictamente jurídico.

“Se desobedeció de manera reiterada el cumplimiento de un auto de suspensión definitiva debidamente notificado. Nuestra apreciación y valoración jurídica con objetividad, imparcialidad, buena fe y en conciencia, coincide plenamente y sin lugar a dudas con lo expresado en el dictamen”, sostuvo.

Francisco Arroyo Vieyra (PRI) cuestionó lo que llamó “la soberbia” de López Obrador y aseguró que ésta ha sido la constante del mandatario local durante los 10 meses del caso.

“La soberbia es una mala consejera” y no se puede aceptar que la política y la vida nacional giren alrededor de una sola persona, agregó.

Tras señalar que este día seguramente pasará a la historia como uno de los más crispados en la Cámara de Diputados, Arroyo detalló que a nadie le debe interesar el desgaste de las instituciones.

“Quien apuesta a esto, le apuesta a la ruina de la sociedad mexicana, nosotros no tenemos derecho de agraviar porque estaríamos actuando de manera irresponsable”.

Juan de Dios Castro Lozano (PAN) expresó que en el expediente de este caso también figura un conflicto por daños y perjuicios que presentaron dos particulares por un monto cercano a los 40 millones contra Servimet, una empresa paraestatal del gobierno del Distrito Federal, en relación con el mismo predio de El Encino.

DJ/FN/JGM

 
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