Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, aseguró que la aprobación del dictamen formulado por la Sección Instructora que determinó el retiró de la inmunidad procesal al Jefe de Gobierno capitalino es facultad exclusiva de los diputados federales.

La opinión fue expresa luego de que el grupo parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso de controversia constitucional para impugnar el juicio de procedencia realizado ayer jueves en la Cámara de Diputados.

Lo que está pretendiendo la Asamblea es tratar de darle o equiparar el cargo de Jefe de Gobierno con el de Gobernador, y eso no puede ser porque está señalado en la Constitución. Un gobernador sí tiene derecho a que la declaración de procedencia la haga su Congreso Local pero éste no es el caso; para el Jefe de Gobierno del Distrito federal la declaración la hace la Cámara de Diputados? abundó.

Explicó que como se trata de una facultad constitucional de una de las Cámaras del Congreso de la Unión, saldrá en tiempo un resolutivo por parte de la Suprema Corte de Justicia en el cual rechace por completo la controversia interpuesta por el órgano legislativo local.

Respecto a la discusión de si la Cámara de Diputados ordenó la separación inmediata de Andrés Manuel López Obrador como Jefe de Gobierno, el diputado Beltrones Rivera explicó que el dictamen aprobado ayer se sustentó en dos principios:

El párrafo séptimo del Artículo 111 Constitucional, que indica que queda separado de su cargo en tanto esté sujeto a proceso penal; y el 28 de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, que dice que queda separado automáticamente de su encargo.

Sostuvo que a la Cámara de Diputados no le corresponde resolver si López Obrador todavía es Jefe de Gobierno o no, sino que es una cuestión que tendrá que resolver en los próximos días el Ministerio Público de la Federación.

“El caso está completamente cerrado. La Cámara de Diputados ya cumplió con su obligación. Dijimos que ha lugar a proceder penalmente y toca a la Procuraduría General de la República hacer su trabajo y, obviamente, el que en este país tiene facultades para declarar si es culpable o no, es el Poder Judicial”, concluyó