La Cámara de Diputados aprobó la Ley Orgánica que crea la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, con representaciones regionales en todo el país, para garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir justicia en materia fiscal.

La Procuraduría apoyará a los ciudadanos mediante asesoría, representación y defensa, recepción de quejas y emisión de recomendaciones. El dictamen aprobado con 354 votos a favor, vero en contra y una abstención.

La ley señala que cualquier persona podrá presentar quejas o reclamaciones para denunciar presuntas ilegalidades contra sus derechos tributarios y acudir ante las oficinas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para presentarlas, ya sea directamente o por medio de representantes.

Con esta decisión, la Ley Orgánica pasa como minuta al Senado para su trámite correspondiente y, de aprobarse, posteriormente deberá ser promulgada por el Ejecutivo federal para que entre en vigor a partir de enero del 2006, afirmó el diputado Juan Carlos Pérez Góngora (PRI).

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente será un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía presupuestaria, técnica y gestión.

Los recursos para su funcionamiento serán incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación y sus servicios se prestarán de manera gratuita, siempre y cuando no superen 30 salarios mínimos del Distrito Federal, elevado al año.

En el dictamen se señala que las autoridades y los servidores públicos federales, estatales y municipales, colaborarán, dentro del ámbito de su competencia, con las funciones y las actividades de la Procuraduría.

La Ley orgánica tiene seis capítulos en los que se abordan las Disposiciones generales; Atribuciones de la Procuraduría; Estructura y organización; Presentación, tramitación y resolución de quejas o reclamaciones; De los acuerdos y recomendaciones, y De las sanciones.

Al sustentar el dictamen, Gustavo Enrique Madero Muñoz (PAN), dijo que la Procuraduría otorgará garantías de seguridad jurídica a los contribuyentes que presenten controversias ante alguna autoridad fiscal, y sobre todo, en el caso de aquellos que carezcan de recursos para contratar los servicios de un abogado.

Jesús González Schmall (Convergencia) indicó que se trata de una ley trascendente que beneficiará al mayor número posible de mexicanos.

El legislador Francisco Monárrez Rincón (PRI) pidió modificar el artículo 2º para que se suprimiera la palabra Distrito Federal, como domicilio de la Procuraduría para dar margen a que el domicilio sea cualquier otra de las entidades del país, modificación que fue aceptada.

Guillermo Huízar Carranza (PRD), propuso modificar el artículo 3º para que quedara como sigue: Los servicios públicos que regule esta ley se prestarán obligatoriamente y bajo principios de honradez y profesionalismo, asimismo serán gratuitos siempre y cuando el monto del asunto no exceda de 30 veces el salario mínimo del Distrito Federal elevado al año.

Héctor Gutiérrez de la Garza (PRI) también pidió una serie de modificaciones que fueron aceptadas.

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