La Cámara de Diputados reformó diversos artículos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en materia de transparencia y rendición de cuentas en el otorgamiento de créditos para vivienda y la disposición de los fondos de los trabajadores.

Una fuerte polémica se generó durante la discusión del dictamen de la minuta que envió el Senado de la República y fue presentada por las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Vivienda, de la Cámara de Diputados, aprobado con 257 votos a favor del PRI, PAN y PVEM y 94 en contra del PRD y el PT.

Quienes se expresaron en contra cuestionaron que se excluyera al Infonavit de los parámetros de transparencia y acceso a la información que operan en el resto de los organismos públicos.

Al fundamentar el dictamen, la diputada del PRI, Mayela Quiroga Tamez, afirmó que con las modificaciones se obligará al director del instituto a enviar al Congreso un informe de su administración y publicar un balance anual en el Diario Oficial de la Federación.

Comentó que el Instituto maneja fondos privados, propiedad de los trabajadores, y que no involucra recursos del gobierno federal, por lo que cuenta “con sus propios dispositivos de rendición de cuentas” como lo indica el convenio de colaboración del 4 de octubre de 2004 entre el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y el Infonavit.

Con las reformas aprobadas se crea un Comité de Auditoría; se ordena difundir el balance anual de las cuentas del instituto en el Diario Oficial de la Federación, así como transparentar la designación del auditor externo y señalar sus atribuciones.

También se crea un Comité de Transparencia y Acceso a la Información, se institucionaliza el sistema profesional de carrera y se sujeta a los diversos funcionarios y trabajadores del Infonavit a un Código de ética.

No obstante, Pablo Franco Hernández, diputado del PRD, propuso, infructuosamente, una moción suspensiva argumentando que el dictamen representaba un retroceso en transparencia al conservar los privilegios de monopolios constructores y arreglar discrecionalmente la asignación de recursos para los desarrollos habitacionales.

Señaló que el dictamen modificó la naturaleza jurídica del Infonavit al no considerarlo como un organismo gubernamental que debería estar sujeto a los lineamientos de la Ley de Transparencia, por ser de carácter público descentralizado,
Argumentó que las aportaciones individuales de los trabajadores se convierten en públicos al ingresar al patrimonio del instituto y por lo tanto éste no puede estar exento de las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.

Por su parte, la diputada independiente Tatiana Clouthier, afirmó que era inconcebible que en el sexenio en el cual se publicó la Ley de Transparencia, se apruebe un dictamen para que el Infonavit no tenga la obligación de reportar al IFAI.

“Por qué si no es dinero público el que maneja el Infonavit, el Presidente Vicente Fox lo publica y lo da como un gran logro de su gobierno cuando dice que al cierre del 2003 el portafolio alcanzó dos millones 445 mil créditos”, abundó.
Indicó que si al infonavit se le permite que sea el propio instituto quien determine las reglas de transparencia, estará en la posición de ser juez y parte.

Mientas tanto, Javier Carrillo Soberón, del PRD, aseguró que el dictamen legalizó un régimen de excepción para el instituto, con la intención de beneficiar a un grupo reducido de empresarios.

Dijo que desarrolladoras como Geo, Ara, Sare, tienen información privilegiada de los trabajadores afiliados al Infonavit, que hay alianzas de desregulación inmobiliaria y apropiación de suelos.
AZ/JGM