El Poder Judicial recibió el mayor número de observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación, pero la Procuraduría General de la República (PGR) registró las irregularidades más trascendentes, de acuerdo con el análisis del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2003.

Diputados de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y contadores públicos de ese órgano, realizaron hoy la segunda de cinco reuniones para analizar el informe de ese año.

En esta ocasión se presentó un reporte sobre 49 auditorías realizadas a 20 instituciones, entre otras, al Poder Legislativo, Poder Judicial y Presidencia, así como a las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Pública, además de la PGR.

Roberto Michel Padilla, titular de la Unidad de Planeación de la Cámara de Diputados, informó que el Poder Judicial recibió cuatro de cada 10 observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación, que se refieren a fallas en la aplicación de mecanismos de control y falta de normatividad.

El diputado Cesar Chávez Castillo (PRD) dijo que es preocupante la situación de los 11 fideicomisos en los que participa el Poder Judicial, porque carecen de un marco jurídico que regule sus procesos y consideró como "absurda" la discrecionalidad "con la que los poderes ejercen los recursos públicos".

Cuestionó de manera particular los fideicomiso de "pensiones complementarias" y de "prestaciones médicas" para los ministros, mandos medios y superiores y dijo que el Poder Judicial dispone discrecionalmente de los remanentes presupuestales, en vez de devolverlos a la Tesorería de la Federación.

El legislador perredista exhortó al Consejo de la Judicatura Federal a que solvente de inmediato las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación y que sancione a los funcionarios que por sus acciones, errores u omisiones, generaron daños al patrimonio.

Los otros entes auditados que fueron acreedores del mayor número de observaciones con la Semarnat, la Secretaría de Seguridad Pública, el Poder Legislativo y la Secretaría de la Función Pública.

Michel Padilla informó que las auditorías hechas a la PGR revelaron que hay falta de programación de los recursos para servicios personales además de deficiencias en el pago de nóminas
La diputada Dolores Padierna (PRD) aseguró que de las ocho mil 122 plazas autorizadas para la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), dos mil 601 se encontraron vacantes durante todo el 2003 y los recursos presupuestales se utilizaron para pagar servicios de otras unidades administrativas de la PGR.

También dijo que en la PGR fueron dados de baja 22 servidores públicos, pero estos continuaron cobrando su salario, lo que significo una erogación por 549 mil 100 pesos, recursos que la dependencia deberá regresar a la Tesorería de la Federación por tratarse de pagos fuera de la norma.

Roberto Michel Padilla, también comentó que se llegó a la conclusión de que en la Presidencia de la República no se apoya en el Sistema de Planeación Estratégica para la toma de decisiones, en materia de políticas públicas.

En la Secretaría de la Defensa Nacional se detectaron irregularidades en procesos de control interno y en la Secretaría de Marina falta de previsión en adquisiciones.

De la revisión en Seguridad Pública, se determinaron irregularidades en la Policía Federal Preventiva (PFP) que generaron impacto económico por la omisión de registro de operaciones en las plazas no ocupadas.

En la Secretaría de Relaciones Exteriores se registró el pago de rentas anticipadas, mientras que en la Semarnat se encontró que la dependencia no ejerció adecuadamente las atribuciones de organizar y reglamentar los trabajos de hidrología en cuencas, ni intervino en la conservación de lagos y lagunas.

Previo al inicio de esta reunión, el Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Salvador Sánchez (PRI), dijo que conforme se avanza en los trabajos de revisión del informe, se encuentran irregularidades que frenan la fiscalización.

Particularmente, dijo, por diversas actuaciones de obstaculización de la Secretaría de Hacienda. Por ejemplo, afirmó, una fuerte opacidad para determinar los ingresos excedentes petroleros que ocasiona elevada discrecionalidad en la distribución de los recursos y en la autorización de erogaciones especiales.

También señaló que Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, ejercen recursos presupuestados por arriba de lo autorizado, lo que implica descontrol presupuestal por parte de Hacienda.

AZ/JGM