Roberto Salcedo Aquino, Auditor Especial de Desempeño, de la Auditoria Superior de la Federación, afirmó que se carece de una norma jurídica que defina las actividades públicas de la esposa del Presidente de la República, que requieran recursos públicos, conclusión que fue rechazada por diputados del PRD.

Al analizar el Informe de Resultados y Fiscalización de la Cuenta Pública 2003, el auditor dijo que la Presidencia de la República cumplió con toda la normatividad establecida al crear, dentro de la Secretaría Particular, la Oficina de Apoyo a la Esposa del Presidente, en la cual laboran 38 personas.

Salcedo Aquino explicó que la Secretaría Particular está integrada por 617 plazas de confianza y que la Oficina de Apoyo a la Esposa del Presidente cuenta con 31 plazas de confianza, 3 de honorarios, tres eventuales y un comisionado.

No obstante, afirmó que para conocer las limitantes de las actividades públicas y las privadas en la Presidencia de la República, es necesario establecer una norma jurídica que defina las actividades públicas del cónyuge del titular del Poder Ejecutivo Federal.

Explicó que el Artículo 4° del Reglamento del Estado Mayor Presidencial establece que éste garantizará la seguridad del primer mandatario y de su familia; “y la única disposición legal que nosotros encontramos para el uso de recursos públicos es la de la seguridad, no de otra naturaleza”.

La diputada Dolores Padierna (PRD) aseguró que el Presidente tiene facultades para crear las unidades administrativas que juzgue pertinente, pero no le está permitido ordenar que se destinen recursos públicos y oficinas para su esposa.

“Todos los ordenamientos que usted nos ha enumerado se refieren a los servidores públicos y éstos sólo pueden hacer lo que está expresamente en la ley, pero la ley no establece que el Presidente pueda abrir recursos y oficinas para sus familiares”, agregó.

El diputado Guillermo Huízar Carranza (PRD) difirió de lo dicho por el Auditor al asegurar que no existe ninguna laguna, porque no hay ninguna autorización expresa en el decreto de Presupuesto para destinar recursos a la atención de la esposa del presidente.

“No nos satisface la exoneración que se hizo, sino que le hemos instruido a la Auditoría Superior de la Federación que mantenga la vigilancia y que profundice en las investigaciones hasta llegar a su cuantificación”, abundó.

Comentó que una cosa es que la ley autorice la aplicación de recursos públicos para garantizar la seguridad de la familia presidencial y otra “construir una estructura de funcionarios de muy buen nivel, o financiar un vestuario para la primera dama”.

Insistió en que estas cuestiones nada tienen que ver con las responsabilidades constitucionales del titular del Ejecutivo Federal.

AZ/JGM