Las fracciones parlamentarias del PRI, PRD, PVEM, PT y Convergencia, rechazaron los recientes señalamientos del presidente Vicente Fox contra los legisladores por el incremento de la delincuencia en el país y, en diferentes tonos, consideraron que el mandatario "pretende justificar su incapacidad".

Por su parte, la fracción del PAN en la Cámara de Diputados aseguró que el Ejecutivo ha cumplido en el combate a delitos federales; cuestionó a los legisladores de oposición por no aprobar sus iniciativas y a las autoridades estatales y municipales por la falta de acciones contra la delincuencia.

Durante el debate que se difunde en el programa semanal de televisión "Frente a la Cámaras", la oposición pidió al presidente Fox respeto a los otros poderes de la Unión, que abandone esa política de "confrontación" e impulse el diálogo para buscar consensos que permitan un eficaz combate a la delincuencia.

En los últimos días, el presidente Vicente Fox ha responsabilizado a legisladores del PRI y del PRD por la inseguridad que se vive en México, al no aprobar una iniciativa de reformas al sistema de seguridad pública y de justicia penal, que envió al Senado de la República el 29 de marzo de 2004.

La diputada Sofía Castro Ríos (PRI) exigió al presidente Fox que cumpla cabalmente con las facultades y atribuciones que le confiere la Constitución para garantizar la seguridad de la población, pidió respeto a los otros poderes y que deje de "aventarle la pelota al legislativo".

Dijo que en este gobierno "hay una permanencia cotidiana de la mentira, de la falsedad, no hay congruencia entre la propuesta y el resultado de trabajo" y aseguró que brindarle seguridad a los habitantes del país es una facultad del Ejecutivo y éste no ha cumplido con ese mandato constitucional.

También señaló que el problema de inseguridad obedece a factores importantes como la falta de empleos, de oportunidades y de la reactivación económica, así como a la ausencia de un gobierno, "que no ha querido o no ha podido privilegiar el diálogo y los consensos".

Por parte del Ejecutivo no hay diálogo, sino confrontación, "nos ofrece diálogo y al día siguiente nos vuelve a golpear; es un asunto permanente, cotidiano, y en el PRI, la verdad, hemos perdido la credibilidad hacia el Presidente".

Castro Ríos llamó al Ejecutivo a atender los problemas para llegar al proceso electoral del 2006 con estabilidad, paz social y civilidad política.

Pablo Alejo López Núñez (PAN) aseguró que el gobierno del presidente Fox ha cumplido con cambios contundentes a nivel federal y recordó la iniciativa que envió al Senado.

Indicó que gran parte de la falta de seguridad en el país se debe a que las autoridades estatales y municipales están dejando de cumplir con su cometido y citó como ejemplo al Distrito Federal, donde el 90 por ciento de los delitos que se cometen son del orden común.

Reconoció que los delitos de orden federal han aumentado en el país, pero dijo que se debe "al combate sin antecedentes que esta administración ha realizado al crimen organizado" y aseguró que "se han detenido, como nunca antes", grandes bandas de traficantes de personas y del narcotráfico.

Cuestionó la actitud de los diputados de oposición, principalmente del PRI y PRD. Dijo que han impedido los "grandes cambios" que requiere el país en diferentes áreas e hizo un llamado para impulsar las iniciativas del Ejecutivo.

La convocatoria es a trabajar juntos: diputados, legisladores y sociedad, para dotar de mayor seguridad pública a nuestro país, agregó.

Luis Eduardo Espinoza Pérez (PRD) recordó que en los últimos días se incrementó el índice de criminalidad en el país, señaló que no ha habido una respuesta eficaz de los cuerpos policiales y consideró que este no es un problema de leyes, sino de responsabilidad del Ejecutivo.

El Presidente de la República se ha equivocado al tratar de justificar su incapacidad de detener el avance del crimen, con el argumento de que no se ha aprobado la iniciativa que envió al Senado, eso es falso, agregó.

Señaló que se incrementaron las expresiones violentas vinculadas al narcotráfico, recordó que su combate corresponde al Gobierno Federal y se pronunció porque las autoridades cumplan con su responsabilidad.

Dijo que la impunidad se refleja en el hecho de que sólo el 1.5 por ciento de los delitos termina en una consignación.

"Los temas que están planteados (en la iniciativa que introdujo el Ejecutivo) en el Senado van a ayudar a una mejor impartición de justicia, pero la criminalidad no se va a resolver" sólo con esa medida; se requiere una política de desarrollo económico que garantice que no haya criminalidad, indicó.

José Ortiz Baena, asesor del PVEM, dijo que la confrontación no va a resolver el problema de seguridad pública y se pronunció por un diálogo entre los tres niveles de gobierno, la sociedad y los cuerpos policiacos.

Indicó que la seguridad pública está vinculada a las instituciones de investigación del delito y de procuración de justicia, a los jueces y magistrados, así como a la ejecución de sentencias y al sistema de readaptación social.

Señaló que el problema es estructural y preguntó como harán las autoridades para meter a la cárcel a todos los delincuentes, si están totalmente llenas.

Juvenal Alejandro Núñez, asesor jurídico del PT, consideró incorrectas las declaraciones del presidente Fox y dijo que en los ejemplares del Diario Oficial de la Federación hay constancia de las diferentes reformas que los legisladores han hecho al Código Penal durante su administración.

Aseguró que el Ejecutivo tiene los instrumentos legales para la prevención y persecución del delito, "pero debe saberlos utilizar adecuadamente, sin confrontarse con el Poder Legislativo", indicó.

Rogelio Vizcaíno, secretario técnico de Convergencia, consideró como un gran error del Presidente culpar al Legislativo y dijo que esa actitud demuestra una profunda falta de conocimiento sobre el problema de la seguridad.

Reconoció que se requieren nuevas leyes para combatir de manera más efectiva a la delincuencia, en el ámbito federal y del fuero común, pero aclaró que también se deben aplicar las vigentes y consideró que la falta de empleo y empobrecimiento, han incidido en la inseguridad.

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