La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que, en lo general, el gobierno del Distrito Federal ejerció de manera correcta los recursos transferidos en el 2003 por la Federación, pero informó que existieron irregularidades en distintas áreas de la administración capitalina.

Durante la última reunión sobre el Informe de la Cuenta Pública 2003, que realizó la Comisión de Vigilancia de la ASF, se presentó un informe sobre el gobierno capitalino.

La ASF realizó siete auditorías al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) del Ramo 33; al Programa de Apoyo al Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF) y al Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES).

Sobre el FASP, se indicó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público transfirió a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal 266.3 millones de pesos, que fueron depositados en la cuenta 00557-00474-2 de Banorte, pero como ésta no fue destinada específicamente para la administración de esos recursos, se impidió su fiscalización.

También se informó que el Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal autorizó el ejercicio de recursos sin contar con los acuerdos modificatorios de los mismos, por una ampliación de 112 millones de pesos,

Además, la Tesorería local retrasó, hasta en 33 días, la ministración de esos fondos.

Entre otras irregularidades, se registraron diferencias entre los conceptos de gasto corriente, bienes muebles y obra pública por 82, 76 y 159 millones de pesos, respectivamente, entre las cuentas por liquidar de la Secretaría de Hacienda y las de la Secretaría de Finanzas local.

También se registraron gastos destinados para control y supervisión que no fueron ejercidos durante el 2003, en materia de seguridad pública.

La ASF encontró que 22 elementos de seguridad pública, que dieron positivo en la prueba toxicológica, fueron beneficiados con 150 mil pesos y que en la Procuraduría capitalina se hicieron pagos sin proporcionar la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Asimismo, se detectaron pagos anticipados a contratistas por trabajos de rehabilitación en el Reclusorio Oriente.

Como consecuencia de las observaciones, la ASF determinó un impacto económico de 18.3 millones de pesos, recursos que tendrán que ser aclarados por los entes fiscalizados.

También se determinó un impacto social por el incumplimiento de las metas en los programas de capacitación básica y actualización, de equipamiento de personal e instalaciones para la seguridad pública y construcción y mejoramiento de centros de readaptación social.

Por lo que hace al Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), se detectó que en la delegación Álvaro Obregón los programas en los que se ejercieron los recursos no tenían metas específicas y que algunos contratistas no estaban incluidos en los programas de obras.

En la delegación Gustavo A. Madero, se realizaron contratos en el Sistema de Agua Potable sin hacer licitación; se observaron expedientes de obra en mal estado y con retrasos en la entrega de anticipos e incumplimiento de la fecha de inicio de la obra.

En total, se determinaron presuntos daños por irregularidades en la transferencia de recursos del Ejercicio 2003 del FIES, por 8.6 millones de pesos, en los procesos de adjudicación de las obras y en la ejecución de las mismas.

Sobre los recursos del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), en las delegaciones Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Miguel Hidalgo y Tlalpan, se encontraron variaciones presupuestarias, generalmente por ejercer recursos sin que se haya reportado el alcance de las metas.

En el presupuesto para la adquisición de vehículos y equipo de seguridad pública, se encontró que 16 de 76 patrullas adquiridas con deuda pública fueron modificadas en su equipamiento original y convertidas en unidades de tipo civil.

De las tres mil 16 pistolas adquiridas para el "Programa de "Excelencia", 125 fueron entregadas a tres áreas de la Secretaría de Seguridad Pública local que no forman parte de dicho programa.

En este último punto, que causó debate durante la reunión, la ASF aclaró que se está a la espera de que la entidad fiscalizada confirme si las pistolas faltantes efectivamente fueron destinadas para operativos especiales.

AZ/JGM