Los diputados del PRI e integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de la organización Antorcha Campesina, Jesús Tolentino Román y Lisandro Arístides Campos, pidieron juicio político contra el gobernador del estado de Querétaro, Francisco Garrido Patrón, por hostigar y perseguir políticamente a integrantes de esa organización.

Los legisladores acudieron a las oficinas de la Secretaría General de la Cámara de Diputados a presentar la demanda correspondiente contenida en 21 páginas, donde hacen un recuento de las acciones de indiferencia y represión de la administración queretana.

Argumentaron violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales y sociales consagradas en la Constitución Política.

También solicitaron que se inicien las investigaciones correspondientes para determinar la responsabilidad de diversos delitos cometidos contra los militantes de Antorcha Campesina.

Dijeron que los antorchistas queretanos llevan muchos años solicitando a las autoridades locales que atiendan y resuelvan sus demandas, como lotes de vivienda, regularización de la propiedad y servicios de luz, agua potable, alcantarillado, servicios educativos, entre otros.

Ante la negativa del mandatario local de atender las demandas, los antorchistas decidieron instalarse en asamblea permanentemente, pero en julio del año pasado policías estatales disolvieron violentamente la manifestación, golpearon y arrestaron a cinco miembros del Comité Estatal de esa organización.

"Con esta agresión, se comprobó el ostentoso y descarado abuso de poder del Gobernador, quien cometió un doble atropello al Estado de Derecho, al violar el derecho a la organización y manifestación pública y al prostituir la justicia al levantar cargos inexistentes a los detenidos", de acuerdo al documento.

Tolentino Román también dijo que han sido detenidos arbitrariamente nueve estudiantes, en desalojo de plantones, y acusaron a los jefes de asumir una actitud parcial porque, lejos de ordenar la libertad de los detenidos, han fabricado delitos y dictado auto de formal prisión, con deficiencias en el proceso.

Los diputados se comprometieron a entregar todas las pruebas que fundamentan sus dichos, cuando el periodo probatorio lo requiera.

MB/AZ/JGM