Diputados de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y Convergencia, así como el propio Auditor Superior de la Federación (ASF), coincidieron en la necesidad de modernizar el modelo de fiscalización para contar con una evaluación más efectiva del manejo de los recursos públicos.

Este señalamiento se realizó durante una reunión donde se presentaron las conclusiones del Análisis del Informe del Resultado y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2003.

La diputada Dolores Padierna (PRD) se pronunció por modernizar a la ASF para conocer a detalle si la administración de las finanzas públicas está teniendo un impacto positivo o negativo en la población, el desarrollo regional y el crecimiento económico.

Propuso crear un nuevo modelo, tipo Tribunal de Cuentas, que sea un órgano autónomo, con funciones judiciales y con plenitud de facultades en materia de fiscalización.

Con una Auditoría Independiente, agregó, se eliminaría la triplicidad, ineficiencia y derroche de recursos que actualmente se da entre la Secretaría de la Función Pública, la ASF, los órganos de control internos y las contadurías mayores de los congresos estatales.

El diputado José Luis Flores Hernández (PRI) insistió en la necesidad de contar con una fiscalización menos cuantitativa y más analítica y programática, que haga una relación puntual entre el tamaño del gasto ejercido y la perspectiva de eficacia e impacto de los programas institucionales.

Consideró que la muestra fiscalizada del gasto público es poco representativa y carece de herramientas de vanguardia para evaluar el desempeño gubernamental y la calidad del gasto que ejercen cada una de las entidades de la Administración Pública Federal.

También destacó que el órgano técnico de fiscalización debe tener ejercicio pleno de facultades para combatir la corrupción e impunidad, por lo que se tiene que reformar el marco legislativo a fin de que ningún ente que maneje recursos públicos quede sin fiscalización.

El titular de la ASF, Arturo González de Aragón, pidió a los legisladores modificar el marco jurídico para fortalecer el modelo de fiscalización, como se establece en una minuta del Senado que ya obra en la comisión correspondiente en la Cámara de Diputados.

Tras señalar que la ASF ha sido muy eficaz para recuperar recursos económicos, se preguntó por qué entonces no se le fortalece con más dinero para que pueda tener una acción fiscalizadora, que pase de una cobertura del dos por ciento del gasto total programable al 5 o 10 por ciento, como sucede a nivel internacional.

Aseguró que durante el año 2004, la ASF recuperó 13 mil 333 millones de pesos, principalmente por dos conceptos: créditos irregulares que cubrieron los bancos, por nueve mil 488 millones de pesos, y el reconocimiento del adeudo del sindicato de Pemex a favor de ese organismo, por mil 580 millones de pesos.

También dijo que en 2005, con un corte a finales de mayo, se han contabilizado recuperaciones y resarcimientos por mil 225 millones de pesos comprobables.

Gonzáles de Aragón se dijo satisfecho porque desde el reporte preliminar sobre la Cuenta Pública del 2003, el pasado 13 de junio, se ha recibido respuesta a 94 por ciento de las observaciones que la ASF comunicó a diferentes entes gubernamentales, otro tres por ciento ha respondido de manera extemporánea y el resto no ha dado respuesta.

Informó que las dependencias que se retrasaron en la contestación son las secretarías de Salud y Hacienda, así como el Instituto Federal Electoral (IFE), mientras que los congresos de Oaxaca, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas e Hidalgo, no han proporcionado información.
En este sentido, dijo que el principal problema para fiscalizar es la falta de voluntad de muchos de los gobiernos estatales y municipales, que se resisten a acceder a la transparencia y rendición de cuentas.

Explicó que a partir de que se recibe la respuesta de los entes auditados, se requiere del tiempo suficiente para que la ASF haga el análisis de procedencia correspondiente, por lo que en los próximos días informarán a la Cámara de Diputados el estado que guardan las observaciones promovidas.

Si las entidades no solventan las observaciones, la ASF procederá a aplicar las sanciones administrativas ante la Secretaría de la Función Pública; económicas resarcitorias y denuncias de hechos ante la Procuraduría General de la República, como las hechas en los casos del Pemexgate y el Comité Nacional Provida, indicó.

En relación a los comicios presidenciales del 2006, Arturo González de Aragón dijo que "cualquier mexicano que pretenda gobernar a este país, tiene que comprometerse públicamente con la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización".

"Si no hay un compromiso de esta naturaleza tendríamos que revisar a fondo cuál es la propuesta que están haciendo", agregó.

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