La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputado definirá el próximo martes los dictámenes que presentará en el periodo extraordinario, que iniciará ese mismo día, entre los cuales figuran reformas en materia de transporte federal y sobre la preliberación de reclusos.

"Tenemos varios temas, pero necesitamos consensuarlos entre todos los integrantes", dijo Jorge Uscanga Escobar (PRI), presidente de la Comisión de Seguridad Pública.

Indicó que esta comisión analiza una minuta que envió el Senado de la República sobre seguridad pública en materia de transporte federal, en la cual se le otorgan facultades a la Policía Federal Preventiva (PFP) para que pueda vigilar e inspeccionar algunas áreas de transporte, así como aplicar infracciones.

El legislador priísta dijo que tras la separación de la PFP, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, esta dependencia se quedó solamente con 300 inspectores para todas las carreteras del país, lo que es "totalmente insuficiente, sobre todo tratándose de delitos en cuestión de transporte"

Aseguró que se reformarán diversos artículos de la Ley de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Ley de la Policía Federal Preventiva y de la Ley Hacendaria, esta última por lo que se refiere a la aplicación y pago de sanciones.

Los recursos que se capten por las multas se destinarían a la Secretaria de Seguridad Pública Federal para fortalecerla, pero un 20 por ciento se asignaría a la prevención del delito, en donde podría considerarse el apoyo a organizaciones civiles que participan en esta actividad preventiva, agregó.

La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados también elabora el dictamen que le otorga el derecho a los presos a solicitar su preliberación y que la autoridad le de una respuesta en un máximo de 30 días.

Estos dos temas la Comisión los tiene totalmente afinados, aseguró el legislador.

También dijo que entre otros aspectos relacionados con la seguridad pública que se pueden presentar en el periodo extraordinario, figura una iniciativa que tiene la Comisión de Justicia y Derechos Humanos sobre la participación de las autoridades estatales en el combate del narcomenudeo.

Sin embargo, sobre este tema consideró que primero debería realizarse "una reforma Constitucional, para luego modificar la Ley Penal y de Procedimientos Penales".

"No se podría dar la reforma a leyes secundarias, si antes no hay reforma constitucional", agregó.

En caso de que se presente una reforma constitucional se requiere, para que entre en vigor, que sea aprobada por la mayoría de los congresos estatales, lo que podría llevar varios meses.

MB/JGM