Eliana García Laguna, diputada del PRD, exigió al Gobierno Federal que antes que ofrecer indemnizaciones a los familiares de los desaparecidos en la "guerra sucia", defina los pliegos de consignación con base en el derecho internacional y configure las averiguaciones previas con mayor minuciosidad.

La legisladora perredista se pronunció en contra de la determinación de pagar indemnizaciones como una de las respuestas del Estado mexicano al tema de las violaciones a los derechos humanos como el genocidio, la tortura, la desaparición forzada, las ejecuciones y detenciones arbitrarias registradas en las décadas de los 70´s y 80´s.

García Laguna comentó que con la recién resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconoce como prescriptible el delito de genocidio, se pone en entredicho al Poder Judicial como una de las instancias que en su momento fue cómplice de quienes desde el gobierno federal actuaron en contra de los ciudadanos

"Durante décadas, el Poder Judicial fue responsable porque permitió que presos que fueron puestos bajo su tutela fueran sacados de las cárceles con el aval de los jueces que estaban vigilando sus garantías", abundó.

Por su parte, Enrique González Ruiz, integrante del Foro Permanente por la Comisión de la Verdad, rechazó contundentemente la política del Gobierno Federal en relación con las personas desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente, en el sentido de entregarles dinero a cambio de que digan que se les ha reparado el daño.

Recordó que en el periodo conocido como la "guerra sucia" se registraron más de mil 200 ciudadanos desaparecidos, y que ahora la Fiscalía quiere dar 360 mil pesos por un desaparecido o por una ejecución extrajudicial y 200 mil pesos por persona torturada. "Es ofensivo porque cualquier cantidad de esas es superada por el sueldo mensual de un ministro de la Corte. Es una verdadera mentada de madre", afirmó.

Lourdes Uranga López, ex presidiaria e integrante también del Foro, exigió que la actuación de las autoridades se apegue a lo que corresponde a un Estado de Derecho: juicio, castigo a los responsables y, en su caso, la reparación económica del daño.

"Mientras no haya castigo a los culpables nosotras no estaremos conformes con esa situación, mientras que no esté el juicio bien fundamentado contra Luis Echeverría y los 700 represores que se tienen enlistados, el asunto no puede quedar así", reiteró.

AZ